El diputado Juan José Jover Navarro, señaló que se debe evitar la tentación de condicionar los programas sociales en las contiendas electorales; por ello, el Congreso del Estado promoverá el derecho que tienen las personas de acceder a los apoyos sociales.
“Lo que se busca es que sea de una manera general, que todos sean beneficiados y que estos programa sociales sean para grupos vulnerables”, mencionó.
En este sentido, informó que el Congreso del Estado ya aprobó una reforma a los artículos, 28 BIS, 47, y 48 y adición el artículo 47 BIS de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, con la cual se busca garantizar un mejor manejo de los programas sociales.
Respecto a los programas que otorguen el Ejecutivo y los ayuntamientos, dijo que éstos se reformaron y ampliaron los requisitos mínimos e indispensables con los que deberán contar las reglas de operación, lo cual ayudará a evaluar, medir, corregir y orientar correctamente la política social.
Lo anterior, permitirá que desde la publicación de las convocatorias a los programas sociales, los ciudadanos conozcan con claridad cada uno de los aspectos del programa de mérito; ello dará mayor certeza jurídica a los ciudadanos y evitará la discrecionalidad y condicionamiento de la autoridad en la entrega de los apoyos sociales.
Adicionalmente se especifica que dentro del primer trimestre de cada año se deba publicar el informe de los resultados de la evaluación de cada uno de los programas sociales estatales. Esto con el objetivo no sólo de transparentar dicha información y darla a conocer a la ciudadanía, sino para coadyuvar en su análisis, detectando causas y efectos de los programas sociales, para su modificación o fortalecimiento.
Por otra parte, se reformaron los artículos correspondientes a la denuncia popular para hacer más accesibles a la población, en cuanto a presentar denuncias, quejas e inconformidades respecto al manejo de los programas sociales; de igual manera, se establecen plazos claros para la resolución de las denuncias presentadas; se brinda certeza en el trámite y seguimiento de cualquier denuncia, lo que redundará en una mayor participación ciudadana en la utilización y vigilancia de los recursos públicos destinados a los programas sociales.