Sin definir la responsabilidad que compete al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las autoridades del gobierno estatal y de los municipios, el delegado del INAH en San Luis Potosí, Juan Carlos Machinena Morales, demandó la tipificación como delito grave las acciones de deterioro intencional del patrimonio histórico-cultural, en referencia al vandalismo que se observa, incluso, en la jurisdicción de la declaración de patrimonio histórico formulada por la UNESCO.
El funcionario federal, quien se había abstenido a definir una posición frente al extendido vandalismo en la ciudad de San Luis Potosí y en el marco de esta declaratoria de Patrimonio Histórico, se enfocó a blandura y laxidad de la legislación actual, proponiendo al Congreso Local y Federal enfocarse al endurecimiento de las sanciones a los depredadores culturales, en las que se incluya la prisión.
Sin embargo, omitió la tipificación de las actuaciones omisas de las autoridades orientadas a la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural local, nacional y de la humanidad, en el marco de la competencia jurisdiccional de los gobiernos federal, estatales y municipales.
El fenómeno se ha extendido desde la periferia hasta la Zona Histórica de la capital potosina (ocurriendo de igual forma en otras regiones del estado), por lo que, aseveró, resulta urgente e impostergable la acción de los legisladores, para endurecer las sanciones, sin excluir, por supuesto, la condena a prisión de los responsables de la depredación, en cualquier modalidad –incluidas las pintas— del patrimonio histórico-cultural.
Se requiere que el Congreso potosino “se ponga las pilas” y se disponga a adicionar, modificar, ampliar o sustituir en su caso, la legislación enfocada a garantizar la protección y preservación de edificaciones e inmuebles históricos.
Lamentó que la ciudad de San Luis Potosí se encuentre materialmente ahogada entre el graffiti.
; resaltó la gravedad del daño ocasionado por la pintura en los monumentos histórico-culturales de cantera, toda vez que las acciones para eliminar los óleos implican técnicas altamente agresivas que la dañan.
Las sanciones aplicadas hasta ahora no han intimidado a los depredadores del patrimonio cultural e histórico de los potosinos, los mexicanos y de la humanidad, por lo que se propone un endurecimiento de las sanciones, la obligatoriedad de la reparación del daño y de la disposición de sistemas, estrategias y operativos que permitan garantizar la preservación, conservación e integridad de este patrimonio común, sostuvo.