En la proximidad de la celebración del Día de la No Violencia contra la Mujer, y desde el año de 2013 a la fecha, el gobierno del estado no ha tenido voluntad justiciera para atender la demanda de justicia interpuesta por una trabajadora de la Secretaría de Desarrollo Social y Obras Públicas acosada sexualmente por un funcionario de esa dependencia.
Así lo denunció la lideresa del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado, Francisca Reséndiz Lara.
Entonces, la trabajadora afectada, se encontraba afiliada en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTS-GE), liderado por Bernardina Lara Arguelles, quien aún tomando conocimiento de los hechos, en agosto de 2013, abandonó a su representada, cuando esta presenta la correspondiente demanda en la Procuraduría, demanda que se empolva desde entonces, luego de que se presentan evidencias de que la dirigente del SUTSGE apoya al agresor, Martín Gatica, quien fungía como delegado del SUTSGE, considerando su parentesco con el entonces secretario de Obras Públicas de apellido Ferretis.
La agredida acude entonces a interponer su queja ante la CEDH, pero eta también duerme el sueño de los justos, hasta que no interviene en el asunto la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le insta a emitir la correspondiente recomendación al gobierno de San Luis Potosí para que se garantice la reparación del daño ocasionado, se le atienda psicológicamente y se le reinstale.
La afectada, María de Jesús Armendáriz, acude también al CAVID y al Instituto de la Mujer, en donde de nueva cuenta es ignorada; ante la indefensión, la víctima procede a afiliarse al SITTGE en el mes de junio de 2014, por lo que la representación laboral toma cartas en el asunto y encuentra que este está viciado de origen, por lo que se pide la intervención de la CNDH.
Al mes de marzo de 2015, la demanda sigue desatendida, debido a que el agresor Martín Ga tica cuenta con una red de protección en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y las citadas dependencias públicas: SEDUVOP, CAVID, INMUJERES, PGJE y la CEDH, además de la Secretaría General de Gobierno que ha tomado Conocimiento del caso así como la Contraloría y la Oficialía Mayor, destacó la lideresa del SITTGE.
