Los procuradores de 26 estados que interpusieron una demanda contra la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración, ratificaron el martes su rechazo a la solicitud del gobierno federal para levantar la suspensión temporal.
La medida, impulsada por 26 gobiernos republicanos, mantiene frenada la acción ejecutiva en tanto se debate su constitucionalidad.
El procurador general de Texas, Ken Paxton, presentó la respuesta este martes a nombre de la coalición ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas en Brownsville, rechazando la petición del gobierno de Obama.
«La corte correctamente detuvo la acción ilegal de la administración Obama, y la petición de los demandados para detener el dictamen debe ser negada», indico Paxton en el documento de respuesta de 22 páginas.
El juez federal Andrew S. Hanen otorgó a los estados demandantes un plazo que venció el martes para responder a la solicitud del gobierno federal.
Paxton arguyó que con su medida «el presidente no sólo está ignorando la ley por completo, sino que unilateralmente está concediendo estatus legal, autorizaciones de trabajo y otros beneficios a más de cuatro millones de personas indocumentadas en este país».
«Una acción de esta magnitud está más allá de la autoridad de un presidente y, en caso de autorizarse, inevitablemente causará un daño irreparable a nuestro estado, imponiendo cientos de millones de dólares en costos a los contribuyentes de Texas», indicó.
Además, señaló, «una vez que el presidente Obama inicie esta acción, será prácticamente imposible revertirla».
El juez Hanen deberá dictaminar ahora si mantiene la suspensión que ordenó el pasado 16 de febrero, o si acepta el pedido del gobierno federal para levantarla.
