Adriana Silos Motilla, directora del Instituto de Desarrollo Humanos y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (INDEPI) informó que para este año 2015 quedó integrada la cartera de obras de infraestructura que se destinarán para las comunidades indígenas en el estado, haciendo un total de inversión de aproximadamente 270 millones de pesos con las aportaciones de los tres órdenes de gobierno.
Dentro de las obras a realizar en este año se encuentran 17 caminos, 13 obras de agua potable, 10 obras de drenaje y alcantarillado, 4 elaboración de estudios y proyectos y 27 obras de electrificación; obras que beneficiarán a 21 municipios con población indígena, Náhuatl, Téenek y Xiói.
Por otro lado, Silos Motilla, informó que en el tema de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal hacia las comunidades indígenas, el INDEPI inició talleres de capacitación a las autoridades comunitarias y funcionarios municipales que atienden a población indígena con información básica acerca de lo que es y cómo funciona el nuevo sistema de justicia penal.
Abundó, en este sentido, al manifestar que durante el 2015 se impulsará con mayor fuerza la capacitación para la formación de mediadores y conciliadores indígenas con el propósito de hacer uso de los medios alternos para resolver conflictos y que para las comunidades indígenas, les resulta familiar los métodos como la conciliación y la mediación, como formas de resolver sus conflictos internos, por lo que se busca utilizar estos mecanismos para que sea el menor número de casos los que lleguen a los tribunales.
Sillos Motilla consideró que para las comunidades indígenas les resulta familiar los métodos como la conciliación y mediación como formas de resolver sus conflictos internos y que ahora, en el nuevo sistema, se busca utilizar estos mecanismos para que sea el menor número de casos lo que lleguen a tribunales.
También en el 2015, el INDEPI dará seguimiento a la gestión para incorporar a los intérpretes y traductores de las distintas lenguas indígenas del Estado, para que formen parte del Registro Estatal de Peritos y puedan así apoyar las distintas tareas que surjan en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y se respeten los derechos del debido proceso para las personas indígenas del Estado.