La corrupción se propaga en las instituciones mexicanas como el cáncer en la sociedad, por ello es necesario establecer toda clase de medidas para apalear este fenómeno ya que si se detecta a tiempo se podrá erradicar.
Por ello el Diputado Rubén Guajardo Barrera, consideró positivo que en la cámara baja se haya aprobado el Plan Nacional Anticorrupción que propuso el año pasado el Partido Acción Nacional y ahora lo que resta es esperar que no haya resistencia de ninguna autoridad o ente político.
Y más si se recuerda que México pierde cada año el 9 por ciento de su Producto Interno Bruto, lo que significa 1.5 billones de pesos cada año, a causa de sobornos y actos de corrupción, y nuestro país ocupa el lugar número 106 de 177 del ranking de países que menos la combaten, según los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2013.
“Sin duda alguna, la corrupción es como el cáncer, si se detecta y se sanciona a tiempo no infecta a las instituciones, les devuelve la credibilidad, el verdadero reto es que se dejen de lado los obstáculos y enormes resistencias para que se genere un avance en el combate de este fenómeno y con ello se garantice que se actuará en contra de quienes incurren en actos irregulares o incluso que no se dé la impunidad”.
En el Congreso de la Unión se aprobaron reformas a 14 artículos de la Carta Magna y se buscó la coordinación de los tres órdenes de gobierno para garantizar prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción, además posibilita la auditoria en tiempo real de fondos y fideicomisos públicos y privados permitiendo que la Auditoria Superior de la Federación audite a las entidades federativas y a los órganos autónomos.
Lo anterior fue a propuesta del entonces Presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, quien promovió la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, argumentando la necesidad de combatir de manera seria y frontal este fenómeno.
En un inicio se estimó la necesidad de la formación de un consejo nacional y de un comité ciudadano que trabajaran por un México libre de corrupción, el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, y que su titular fuera ratificado por el Senado de la República. Asimismo, se plantaba que órganos independientes del Ejecutivo Federal auditaran el uso de los recursos públicos y que la Auditoría Superior de la Federación tuviera mayores facultades fiscalizadoras; y, por último, que el esquema anticorrupción federal fuera replicado a nivel estatal y municipal.
