La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que los casos de tres mexicanos que han muerto en el lapso de los últimos 20 días por el uso excesivo de la fuerza de policías locales en Estados Unidos “no pueden verse de manera aislada”.
Es por ello que, luego de condenar la muerte Javier Canepa Díaz ocurrido apenas el viernes 27 de febrero, la directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la SRE, Reina Torres, aseguró en entrevista con un Diario de circulación nacional que a través de una nota diplomática pidieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos que, por medio de su división de Derechos Civiles, acompañe los casos de tres mexicanos.
Explicó que la Cancillería mexicana pretende que la intervención del gobierno de Barack Obama asegure que las investigaciones se conduzcan sin sesgos que pongan en desventaja al connacional, además de llevarlas a cabo con transparencia y en su caso, se deslinde la debida responsabilidad penal o civil a que haya lugar.
“Evidentemente no los podemos ver como casos aislados. Lo que hemos hecho es presentar nuestro reclamo a las autoridades federales por la recurrencia y por la implicación de derechos humanos”, dijo. Informó que también han pedido que en los tres hechos se les dé seguimiento dentro del grupo bilateral de casos de alta visibilidad.
“El incidente que causa una profunda consternación y molestia, se suma a los recientes fallecimientos de los mexicanos Antonio Zambrano Montes y Rubén García Villalpando, en Pasco, Washington, y Euless, Texas, respectivamente, que involucran presumiblemente el uso excesivo de la fuerza”, dijo la Cancillería en un comunicado.
También expresó su preocupación por el efecto de fractura de confianza entre la comunidad hispana y las fuerzas policiacas que pudiera derivar de estos hechos. Por ello, hizo un llamado a las autoridades policiacas de Santa Ana a establecer medidas de reconstrucción de la confianza que sienten bases firmes para la seguridad colectiva.
México se sumó ayer al llamado de diversas organizaciones de la sociedad civil que señalan la urgente necesidad de avanzar en la revisión de las políticas y prácticas de uso de la fuerza.
Para este último caso, Alejandra García Williams, cónsul de México en Santa Ana, California, se reunió el pasado domingo con los familiares del connacional Canepa Díaz y sus abogados. Según la SRE, han prestado toda la asistencia consular a los familiares.
El 10 de febrero se difundió un video en redes sociales que mostraba cómo tres policías en Pasco, Washington, le disparaban al indocumentado Antonio Zambrano, de 35 años y originario de Michoacán, quien no tenía armas y se había detenido en un intento por mostrar que se rendía. Aunque tenía 10 años de residencia en EU se solicitó una visa humanitaria para que su madre hiciera los trámites de repatriación.
Tan sólo unos días después, el 20 de febrero, se registró el segundo incidente con Rubén García Villalpando, que tenía 31 años, oriundo de Durango e indocumentado, pero con residencia de años en Estados Unidos. Fue sepultado en Fort Worth y dejó a su esposa y a cuatro hijos.
En los tres casos las autoridades consulares enviaron misivas a los jefes de policía y los fiscales correspondientes para expresar su profunda preocupación por los hechos ocurridos, pidiendo una investigación exhaustiva y la actualización oportuna de los avances, al tiempo de solicitar se tomen las medidas que prevengan la repetición de incidentes similares.
El gobierno de México solicitó al Grupo de Consulta sobre Derechos Civiles de los Mexicanos en Estados Unidos explorar opciones legales que permitan responder a este incidente y a otros similares.
