El Tribunal Supremo de Alabama ordenó a última hora del martes a los funcionarios del estado que dejen de emitir licencias de matrimonio a homosexuales, una decisión que contradice el mandato de la jueza federal Callie Granade, informaron medios locales.
Con siete votos a favor y uno en contra, el Supremo sentenció que la ley de Alabama sólo permite el matrimonio «entre un hombre y una mujer» y que los funcionarios tienen «el deber ministerial de no emitir licencias de matrimonio contrarias a esa ley».
La jueza federal Callie Granade exigió el 12 de febrero emitir licencias de matrimonio a homosexuales en uno de los 44 condados de Alabama que se han rebelado frente a la decisión del Tribunal Supremo federal de legalizar estas uniones en el estado conservador.
En esa ocasión la audiencia abordaba solo la situación en el condado de Mobile, el segundo más poblado de Alabama, pero el dictamen de Granade debía servir como pauta para el resto de funcionarios que se niegan a emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.
Mobile, además, se convirtió en el epicentro de las protestas de activistas y parejas homosexuales que habían planeado casarse esa misma semana, cuando entraba en vigor la orden de la jueza federal que revoca la prohibición vigente en Alabama sobre las bodas entre homosexuales por considerarla inconstitucional.
El Tribunal Supremo federal dio la razón a Granade al rechazar una petición del fiscal general de Alabama para bloquear la inminente celebración de bodas entre personas del mismo sexo en el estado.
El presidente del Tribunal Supremo de Alabama, el republicano Roy Moore, emitió una orden por la que instruyó a los jueces estatales a no emitir licencias matrimoniales.
Un amplio número de los jueces encargados de las licencias matrimoniales en cada condado decidieron seguir las directrices de Moore, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de las uniones entre homosexuales en el estado.
En la práctica, las parejas homosexuales pueden desplazarse a otro condado para casarse si el suyo no lo permite, pero muchas organizaciones que defienden los derechos de los gais se han indignado ante lo que consideran una abierta insubordinación de las autoridades estatales a las órdenes de un tribunal federal.
En enero, el Supremo anunció que evaluará en su actual periodo de sesiones, que finaliza en junio, si los 50 estados del país deben permitir la celebración de este tipo de matrimonios, una cuestión que había evitado en varias ocasiones.