El Procurador General de Justicia en el Estado (PGJE) Miguel Ángel García Covarrubias, confirmó que la defensa legal de Raymundo N, acusado como presunto responsable del homicidio de la dirigente priísta del Municipio Lagunillas, Cecilia Izguirre Camargo solicitó la duplicidad del tiempo para resolver su situación jurídica.
No obstante el abogado del Estado, Miguel Ángel García Covarrubias insistió en señalar que existen los elementos suficientes para dictar el auto de formal prisión en su contra quien de acuerdo a las investigaciones fue quien participo para perpetrara el crimen en contra de la dirigente priísta del municipio de Lagunillas, aunque aclaró que será la instancia legal quien determine sobre su situación legal en el transcurso de esta semana.
Hubo una persona consignada por el homicidio, (Raymundo N de 20 años de edad) tenemos la averiguación abierta porque vamos tras la persona que pudo haberlo contratado para este evento (crimen) y andamos también sobre la otra persona que también dice que participo, además pidió la duplicidad del término que está por resolverse una vez que el Poder Judicial determine, si se le dicta el auto de formal prisión o el auto de libertad que sería esta misma semana, aunque consideramos que hay condiciones desde el punto de vista de la procuraduría para que se dicte el auto de formal prisión” abundó.
Por otra parte, el Procurador General e Justicia en el estado, Miguel Ángel García, informó sobre el caso del joven Jorge Alberto de 16 años de edad, quien perdiera la vida luego de que la tarde del pasado domingo una campana del templo del Saucito se desprendió y lo golpeara en la cabeza, y dijo que se investiga para deslindar responsabilidades, pues comentó que una vez que concluyan los peritajes se podría desprender algún tipo de responsabilidad que derive en la comisión de delito culposo en contra de quien tenía a su cargo el mantenimiento del campanario.
Por último se le preguntó sobre la averiguación en contra de la ex alcaldesa Victoria Labastida Aguirre, el titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, dijo que se trabaja en el caso, pues la idea es que antes de que concluya la actual administración estatal se pueda resolver para determinar su situación jurídica, además explicó que los delitos que se podrían enfrentar corresponden a peculado, fraude o responsabilidad oficial, se está integrando el expedientes basadas en más de 500 declaraciones de personas que de alguna u otra forma firmaron algún documento los hemos hecho comparecer respecto a su responsabilidad y toda vía vamos por mas.
