La delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Quintana Roo (Profepa), Ludivina Menchaca Castellanos, dejará la dependencia, para contender por una diputación, como parte de la renovación de la Cámara de Diputados.
En entrevista con un Diario de circulación nacional, la funcionaria rechazó haber sido destituida del cargo que ocupa desde el primero de marzo del 2013, a propósito de los procedimientos para sancionar a ex funcionarios y funcionarios en activo de la Procuraduría, involucrados en actos de autoridad a favor del megaproyecto «Dragon Mart Cancún», clausurado por la dependencia federal.
«Las actuaciones investigadas respecto al Dragon Mart, corresponden al año 2012, o sea, en la administración anterior. Yo entré en funciones en marzo del 2013», manifestó.
Menchaca Castellanos atribuyó su salida de la delegación, a un «relevo institucional» e informó que su cargo será ocupado a partir del próximo lunes, por Carolina García Cañón, quien actualmente se desempeña como directora de Recursos Naturales de la Profepa a nivel central.
«Aún soy delegada, pero sí habrá un relevo institucional. Salgo de la delegación por así convenirme en este momento electoral. Ya cumplí un ciclo y sí estoy interesada en participar (en la contienda)», expresó.
La funcionaria se desempeñó con anterioridad como Senadora de la República (2006-2012), por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y fue regidora en el ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en Cancún (2002-2005); también ocupó la presidencia del Consejo de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo (Cojudeq)
Como delegada de la Profepa le ha sido cuestionada su actuación en casos como el Dragon Mart Cancún. Al respecto señaló que el caso fue atraído a oficinas centrales prácticamente desde que ella entró en funciones.
Fue denunciada por la Sociedad Protectora de Animales de Cancún por el manejo que dio al caso de un niño que fue atacado por un tigre, cuyo encierro se encuentra al interior de un hotel en la Riviera Maya.
Otro caso polémico durante su gestión en la delegación fue la detención de 16 comuneros en Holbox, presos desde julio del año pasado por la presunta tala de manglares y palma chit.