Cientos de venezolanos protestaban el miércoles en rechazo al asesinato de un estudiante de 14 años a manos de un policía, mientras el presidente socialista Nicolás Maduro calificó los hechos como “terrorismo” tras la quema de dos camiones de carga.
En la ciudad occidental de San Cristóbal, donde el martes ultimaron a Kluibert Roa de un disparo, manifestantes encapuchados bloqueaban varias calles con palos y neumáticos y se enfrentaban a las fuerzas de seguridad. En Mérida, cuatro estudiantes resultaron heridos durante un enfrentamiento con la policía en los alrededores de la Universidad de los Andes.
En este marco, Amnistía Internacional (AI) criticó en su informe anual el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado venezolano para acallar las protestas populares, que dejaron al menos 43 muertos y 870 heridos en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, en el último año. AI también denunció el aumento de las detenciones y reclusiones arbitrarias, así como las “injerencias gubernamentales” en el sistema judicial venezolano.
Desde muy temprano el ejército y la Guardia Nacional —la policía militar— removieron escombros y barricadas de las protestas previas y cientos de policías antimotines custodiaban las principales avenidas de la volátil ciudad. Varios negocios cerraron sus puertas y el transporte público trabajaba a media máquina. La gobernación declaró el miércoles duelo no laborable.
“Repugno las declaraciones que dicen que fueron grupos subversivos o de la oposición quienes mataron a mi hijo”, dijo Erick Roa, padre del menor durante su funeral. “No, mi hijo no era de la oposición ni era chavista, era mi hijo, era la luz de mis ojos”.
Según versiones preliminares, Roa recibió un disparo mortal de un policía que trataba de repeler una manifestación frente a la casa del gobernador del estado Táchira. El autor, un joven efectivo de 23 años, fue aprehendido.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, instó a los venezolanos a evitar la violencia en las manifestaciones. Desde principios de febrero, venezolanos han reactivado algunos focos de protestas contra la inflación, el desabastecimiento de productos básicos, la delincuencia desbordada y lo que consideran represión de las fuerzas de seguridad.
En Caracas, decenas de simpatizantes de la oposición protestaron frente a la sede del ministerio de Interior y Justicia y otros marcharon a la Nunciatura Apostólica. En el interior del país, las protestas se tornaron violentas.
En Maracaibo, cuadrillas de encapuchados prendieron fuego a un camión que transportaba medicamentos, denunció Maduro, acusando del hecho a miembros del partido opositor Voluntad Popular, del apresado Leopoldo López.
“¿Eso se llama lucha democrática o terrorismo?”, preguntó Maduro durante un acto en la ciudad sureña de Guayana. “Terrorismo”, respondieron los centenares de asistentes al unísono.
A unos 350 kilómetros al sur de San Cristóbal, en Rubio, un grupo de 20 encapuchados secuestró un camión que transportaba gas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y lo incendiaron. Los bomberos impidieron que explotara la carga.
“Esto forma parte de un plan de minorías que quieren darle un zarpazo a la revolución”, agregó Maduro, precisando que las fuerzas militares estaban en “máxima alerta” ante una supuesta infiltración de paramilitares colombianos que buscarían sembrar violencia.
En los últimos meses, el gobierno de Maduro ha estrechado el cerco sobre la oposición política, que asegura que un 42.8% de sus alcaldes tienen procesos judiciales en su contra.
El alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, fue imputado la semana pasada por supuesta conspiración para generar violencia luego de que, junto con la ex diputada María Corina Machado y Leopoldo López, firmara un “acuerdo para la transición”, que Maduro dijo era la clave para activar un golpe de Estado.
En Uruguay, el presidente José Mujica dijo que la tensión se vive en Venezuela se debe a que “quieren voltear al gobierno” y a “nadie le gusta que lo quieran hacer caer”.