Con el objetivo de que la tortura sea sancionada en todo tiempo con independencia de quien la ejerza, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Jorge Adalberto Escudero Villa, presentó una iniciativaque plantea reformar el artículo 329 del Código Penal del Estado de San Luis
El legislador señaló que el Código Penal del Estado sólo contempla como sujeto activo del delito de tortura al servidor público, como lo son las policías, por lo que la propuesta va enfocada a sancionar a cualquier persona que cometa dicha acción independientemente de los resultados que cause, ya sea lesiones o la muerte.
El legislador señaló que “actualmente la tortura, no solo es practicada por autoridades del Estado para obtener de manera ilegal, confesiones u obtener información de enemigos políticos, sino que también es empleada por particulares para la comisión de un delito, ya que torturan a la víctima para coaccionarla a actuar de determinada forma y/o intimidar a la familia o para cobrar un rescate en la clara hipótesis de un secuestro”.
Asimismo, dijo que ocurre con las víctimas de la delincuencia organizada, que sufre los denominados “levantones”, los cuales en su mayoría terminan con la muerte de la persona objeto del delito, las cuales durante el tiempo que duran privadas de su libertad son, torturadas, ya sea para hacerles pagar de manera cruel e inhumana las supuestas deudas que tienen con la célula delictiva que los plagio, antes de ser muertos o para extraerles información de grupos delincuenciales antagónicos, para obtener un rescate, para que paguen por no ser molestados en sus comercios o actividades económicas cotidianas.
“La tortura es siempre tortura, no importa motivo ni quien la cometa, las causas que lo motivaron, la finalidad del acto, o cualquier otro argumento; lo único que importa cuando se tortura a una persona es el inaudito sufrimiento al que se le está sometiendo”, expuso el legislador.
La propuesta de esta iniciativa es extender los alcances de la legislación penal para nuestro Estado, de manera que la tortura sea sancionada en todo tiempo con independencia de quien la ejerza.
Además, señala que este delito debe ser agravado cuando sea cometido por un servidor público que, valiéndose o aprovechándose de su función, jerarquía o mando, lleve a cabo la conducta o instruya a un tercero su realización.