El gobernador de San Luis Potosí, los presidentes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, fueron objeto de demanda de juicio administrativo por omisión de sus respectivas responsabilidades constitucionales, por el abogado Marco Antonio Arredondo Bravo quien, además, hizo responsables a los servidores públicos señalados por lo que pudiera acontecer a su persona, su familia y representados, luego de haber recibido amenazas.
El representante de Aurora Heidi González y otros ciudadanos en la demanda de juicio de responsabilidades administrativas del expediente 5798/2005/3, solicitó asimismo la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por considerar que el gobernador Fernando Toranzo, del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y del tribunal del rubro, Víctor Manuel Parra Beovide y Miguel Cardoza, así como el pleno de la JCA, incurrieron en el presupuesto de omisión de responsabilidades en razón de lo que se ha solicitado un juicio de responsabilidad administrativa, a la par de que se ha demandado al Poder Judicial de la Federación el otorgamiento del recurso de amparo contra las eventuales actuaciones de los servidores públicos señalados.
Arredondo Bravo aseguró que al representar legalmente a los afectados Aurora Heidi González y otros, como se asienta en los alegatos judiciales, ha sido objeto de intercepciones por personal gubernamental para solicitarle que retire las demandas a cambio de preservar su integridad física, lo que está tipificado como una amenaza.
Refirió que al encontrar obstrucción de la resolución de la demanda planteada ante la Junta Local y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, encabezados por Parra Beovide y Cardoza Mora, se demandó al gobernador el 29 de agosto de 2014 su intervención para sujetar a estos funcionarios a un juicio de responsabilidad, manteniéndose el gobernante omiso en su respuesta y en su actuación, por lo que se considera que in curre en faltas a la responsabilidad constitucional que se le ha conferido.
El abogado cuestionó la resistencia del mandatario potosino, Fernando Toranzo Fernández, a cumplir con su responsabilidad de ley, per sé y a través de las autoridades competentes a su cargo, por lo que obra una lesión de derechos de gravedad, ya que prácticamente con su actitud termina por anular en San Luis Potosí la figura legal de los Juicios de Responsabilidad, incurriendo, además en la violación de los derechos humanos, del propio abogado y de sus representados.
