La impunidad continúa siendo la norma en los casos de desapariciones forzadas en México, pese a que en 2014 se desconocía el paradero de más de 22.600 personas, entre ellas los 43 estudiantes cuyo rastro se perdió en Iguala, según Amnistía Internacional (AI) .
En el informe de AI sobre 2014 divulgado hoy, la organización defensora de los derechos humanos de-nuncia que los secuestros y las desapariciones forza-das fueron «abundantes» en México y que »la impunidad seguía siendo la norma», hasta el punto de que el Ejecutivo indicó el año pasado que sólo se habían dictado siete condenas por hechos de este tipo y todas entre 2005 y 2010.
Amnistía señala que las au-toridades reconocieron en agosto que había 22.611 personas desaparecidas (a 9.790 de ellas se les perdió el rastro durante el actual gobierno.
Y a las 12.821 restantes en el mandato de Fe-lipe Calderón, de 2006-2012) y afirma que las iniciativas de búsqueda resultan «por lo general infructuosas» .
En el texto se hace especial mención al caso de los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecidos en septiembre a manos de policías locales corruptos y miembros del cártel de Guerreros Unidos, cuyos cuerpos habrían sido incinerados y sus cenizas lanzadas a un río.
AI explica que, «en respuesta a las manifestaciones multitudinarias que exigían justicia» en este caso, el presidente mexicano anunció diversas medidas políticas y legislativas.
Además de las desapariciones forzadas, Amnistía denuncia las «ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta y la falta de rendición de cuentas de la policía y el ejército», en medio de la impunidad habitual por violaciones de derechos humanos y delitos comunes en un país con elevadas tasas de asesinatos y secuestros. Muchas de las violaciones a los derechos humanos se atribuyen a soldados y miembros de la Marina, que, según AI, siguen desempeñando labores policiales.
En respuesta a ello, AI destaca la abolición del fuero militar en las violaciones de derechos humanos de soldados contra civiles. Asimismo, la organización se refiere a los asesinatos, ataques y amenazas de que son objeto en México periodistas y defensores de los derechos humanos, en medio de la impunidad y mientras algunos de ellos afrontan cargos penales que parecen «obedecer a motivos políticos en represalia» por el ejercicio de su labor.
Además, alerta de que los inmigrantes irregulares en tránsito -entre ellos muchos menores de edad centroamericanos- viven bajo amenaza de asesinato, secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de personas.
También advierte de la situación de las mujeres y niñas y afirma que la violencia contra éstas es «endémica» en todo el país, pese a lo cual «buena parte de las autoridades seguía sin aplicar medidas legales y administrativas para mejorar la prevención, la protección y la investigación de la violencia de género» .