Unos 500 profesores en activo y jubilados del sistema de Tele-secundaria, pertenecientes a diversas delegaciones de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) protestaron en la Dirección de Pensiones del Estado y obligaron a una mesa de negociación ante las acusaciones que hacen de que millonarios recursos de diversos fondos son desviados por parte de la autoridad.
Al filo de las nueve y media de la mañana el contingente con pancartas y altavoz arribó al edificio de la calle Madero casi esquina con Independencia, donde realizaron una manifestación pacífica sin que se obstruyeran las labores de la dependencia estatal.
Más tarde arribaron al lugar el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Vito Lucas Gómez Hernández y el subsecretario de Gobierno, Miguel Martínez Castro, quienes de inmediato activaron una mesa de negociación donde estuvieron presentes la secretaria general de la Delegación de Ciudad Valles D-V-28, Adriana Pérez Mateo; la representante de la D-IV-25 en la zona norte de la capital, María del Carmen Contreras; la suplente de la D-IV-27, Antonia Roa Nolasco y el vocero de los trabajadores en activo, Delfino García Valerio, así como el representante legal de los inconformes, Raúl Castillo Torres.
Al filo del mediodía la comisión negociadora salió de la reunión mientras que los funcionarios lo hicieron por una puerta que les permitió evadir el encuentro con los medios. Castillo Torres con un altavoz les informó a los cientos de trabajadores molestos que sólo habían logrado avances en lo que respecta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), prestación que lograron fuera para padres e hijos de los trabajadores retirados, como sucede con los activos.
Sin embargo, sobre los más de 400 millones de pesos que no aparecen en su fondo de pensiones y que mensualmente se alimenta del descuento del 10 por ciento de su pago, el asesor legal les dijo que tanto Vito Lucas como Miguel Martínez les dijeron que tendrían que esperar un rescate financiero por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que desató la protesta generalizada de los cientos de profesores ahí reunidos.
El asesor legal Raúl Castillo Torres les propuso acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para promover un amparo masivo en contra de los actos del Gobierno estatal que lesionan los intereses de más de 5 mil mentores, propuesta que fue aceptada por unanimidad y pasada la una de la tarde se trasladaron a promover el recurso.
