El Colectivo por la Transparencia, que agrupa a 300 organizaciones en materia de acceso a la información, advirtió que algunos de los cambios planteados en la Ley General de Transparencia, que se discute en el Senado, merman los alcances de la reforma constitucional de 2013, soslayan los avances emitidos por la SCJN y cortes internacionales.
Por medio de un pronunciamiento, el Colectivo centró sus preocupaciones en ocho puntos entre los que destacan: se limita el acceso a la información, sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sí se obliga a que previamente la CNDH o la CIDH hayan calificado un hecho de esa manera.
Advierten que la posibilidad de sancionar a los funcionarios de los organismos garantes cuando revelan información que pudiera generar «daños» a los sujetos obligados lo que limitaría el derecho de acceso a la información.
La desaparición de la obligación de los servidores públicos de generar la información con lo cual se abre la puerta a los sujetos obligados puedan responder que no se documentó cualquier solicitud.
Reservar información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas; eliminar la prueba de daño con lo cual los sujetos obligados no estarían obligado a fundar y motivar la clasificación de la información por medio de la aplicación.
También, previenen, que la ley contiene una «intervención ampliada» del Consejero Jurídico de Presidencia lo que contraviene al principio de inatacabilidad de las resoluciones del IFAI.
«Se busca que el Consejero pueda -a petición de cualquier sujeto obligado – recurrir las resoluciones del IFAI ante la SCJN cuando consideren que una resolución del órgano garante atenta contra la seguridad nacional».
Así como desaparecer las obligaciones de transparencia relacionadas con las actividades de explotación de hidrocarburos y eliminar la obligación de dar a conocer el listado de personas que han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria.
Las organizaciones urgieron al Senado a que en el dictamen que habrá de aprobar se mantengan los contenidos planteados en la iniciativa del 2 de diciembre de 2014; descartar cualquier posibilidad de sanción de los funcionarios de los órganos garantes o causales de reserva que afecte la protección del derecho de acceso a la información.