El diputado Martín Álvarez Martínez, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, explicó que se ha buscado privilegiar los intereses de las y los ciudadanos a fin de crear las políticas públicas para una convivencia en armonía con el entorno en el que se vive y para ello, se reformó la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.
Destacó que la tendencia en materia ecológica, es la del ahorro sustentable así como el aprovechamiento de los recursos y así enfrentar de mejor manera los efectos del cambio climático al mismo tiempo de la preservación de áreas verdes, importantes para contrarrestar los emisores contaminantes.
Mencionó el diputado Martín Álvarez, el estudio que realizan los integrantes de esta comisión, para generar una propuesta que permita incentivar la utilización de energías renovables por parte de la Iniciativa Privada y la función pública, contribuyendo de manera sustentable a cuidar el entorno.
En la iniciativa se plantea la necesidad de atraer mayor inversión en la energía alternativa, como la solar o eólica las cuales podrían generar en la industria un ahorro considerable y especial cuidado al medio ambiente además de energía limpia.
Mencionó el legislador que en San Luis Potosí “se avanza en la inversión que se realiza en el municipio de Charcas con empresarios que están trabajando el parque eólico y eso va a venir a contribuir de manera muy sustancial a que vean la importancia que tiene al invertir en estas energías alternativas”.
El legislador indicó que, uno de los retos es dejar leyes aplicables y que permitan contribuir a mejorar el entorno, cómo lo ha sido la reciente aprobación en consonancia con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para incrementar las multas a las personas que realicen acciones nocivas que perjudiquen el desarrollo sustentable en el Estado.
El dictamen aprobado reformó el artículo 159 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer que se aplicará una multa equivalente de 50 mil a 60 mil días de salario mínimo general vigente en la zona correspondiente en el momento de imponer la sanción a quien provoque daño ecológico.
El diputado Martín Álvarez Martínez, señaló que si las sanciones se vuelven más severas para aquellas personas que prefieren destinar parte de sus ingresos para el pago de multas en esta materia, tomarán conciencia de sus actos y se mantendrá nuestro equilibrio ecológico.
