El gobierno mexicano incrementó su inversión en la lucha contra el terrorismo. Entre 2010-2013 pasó de destinar 109.5 millones de pesos a 157.6 millones, para enfocarse en la detección deoperaciones con recursos de procedencia ilícita que tegan fines de financia-miento para esta actividad criminal.
En los últimos años, el gobierno de Méxicoincrementó en 43.9% el presupuesto destinado al combate al terrorismo, principalmente a través de la detección de posibles operaciones de lavado de dinero con fines de financiamiento para esta actividad, como parte de las acciones previstas en la Política de Seguridad Públicadel periodo que va de 2013 a 2018.
De acuerdo con el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública2013 que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desde la administración anterior se estableció la necesidad de orientar la política hacia el combate frontal contra tres ejes principales: narcotráfico, crimen organizado, así como detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
En el caso del terrorismo, el informe de la auditoría realizada al programa de Política de Seguridad Pública indica que los recursos para combatirlo en el país pasaron de 109.5 millones de pesos en 2010, a 157.6 millones de pesos en 2013.
De hecho, el jueves pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al participar en una cumbre en Washington refrendó el compromiso de México para luchar contra este flagelo y hacer un frente común internacional para prevenirlo y no sólo atacarlo.
En el diseño para combatir este delito, en México se planteó un esquema en el que se coordinan las secretarías de Gobernación y Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), laPolicía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) para prevenir y detectar las operaciones relacionadas con financiamiento al terrorismo y lavado de dinero.
“Al respecto, como mecanismo de prevención de conductas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el SAT elaboró el subprograma de Supervisión a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, cuyo objetivo general estuvo orientado a crear conciencia de riesgo en el sector de quienes prestan el servicio de compra-venta de divisas (centro cambiario) o transmisor de dinero”, se indica.
De acuerdo con el esquema, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es clave en la detección de operaciones de financiamiento para posibles actos de terrorismo.
El reporte indica que en el periodo 2007-2013 esta área emitió 39.7 millones de reportes de operaciones relevantes, 21.5 millones de reportes de operaciones con dólares en efectivo y 2.8 millones de reportes de operaciones con transferencias internacionales, aunque no se especifica cuáles pudieron estar asociadas a este delito.
“El lavado de dinero permite el financiamiento al terrorismo y con ello el fortalecimiento de las organizaciones criminales que provocan distorsión en el sistema de precios y las decisiones comerciales. Al respecto, de 2007 a 2013, la UIF, como instancia responsable de recibir, analizar y diseminar información concerniente a operaciones bajo sospecha de estar relacionadas con el lavado de dinero y el terrorismo, presentó 316 denuncias ante la PGR, que involucraron a mil 837 sujetos”, indica el documento.
Sin embargo, de las 316 averiguaciones previas por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, 51.9% (164) estaban pendientes de despacho; 35.4% (112) fueron remitidas ante la autoridad judicial competente y 12.7% (40) restante no se consignaron, ya sea por la determinación del no ejercicio de la acción penal, la acumulación de la averiguación previa o la decisión de enviarla a reserva.
Los casos
Existe registro de que el gobierno federal ha iniciado cargos por terrorismo en diversas modalidades. Entre los expedientes está la acusación de la PGR contra 11 personas detenidas durante los disturbios en el Zócalo capitalino el pasado 20 noviembre, aunque ante la falta de evidencias fueron dejadas en libertad.
En abril de 2014 la PGR presentó cargos por delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo contra integrantes de las autodefensas de Yurécuaro, detenidos por el asesinato del alcalde panista Gustavo Garibay.
También está la acusación contra Fallon Rouiller y Amélie Pelletier, canadienses detenidas en enero de 2014, ya que lanzaron bombas molotov contra una oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y una distribuidora automotriz en el DF.
Uno de los procesos en los que la PGR presentó elementos suficientes para que el juez emitiera una sentencia fue en contra de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, detenidos en 2001, acusados de los delitos de terrorismo, posesión ilegal de armas y municiones, por arrojar petardos que estallaron en tres sucursales de Banamex.
