Cosas de la Ciudad

PRESAGIOS.- Los refranes siempre comunican una enseñanza. Uno en particular viene como anillo al dedo a la inminente campaña política: “mal comienza la semana cuando ahorcan en lunes…” Esto lo decimos por el asesinato de Cecilia Izaguirre Camargo, dirigente municipal del PRI en Lagunillas e integrante del gobierno de ese ayuntamiento. Ese incidente no trae buenos presagios al proceso que se ha echado a andar para la renovación de toda la estructura de poder político en el Estado de SLP.
IMPACTOS.- El asesinato de Cecilia Izaguirre Camargo debe de ser resuelto rápidamente por el gobierno y más específicamente por el Procurador Miguel Ángel García Covarrubias. Este atentado tiene graves impactos en el escenario político potosino, pues hay temor de que se trate de una amenaza del crimen organizado en contra de funcionarios públicos, dirigentes de partidos y candidatos a diferentes cargos constitucionales. Cuando menos deja ver la indefensión en que se encuentran los funcionarios de los ayuntamientos y los dirigentes de los partidos en los municipios.
CRÍTICAS.- Desde muchos frentes se dirigieron fuertes críticas al “Calolo” Pérez Espinoza por haber aceptado ser postulado por la “chiquillada” como candidato al gobierno de SLP. Por supuesto, destaca entre ese vendaval de cuestionamientos al vendedor de pijas y foquitos una carta que le envío públicamente Aurelio Gancedo Rodríguez. Igualmente el diputado Cristian Sánchez Sánchez le recordó que jamás ha ganado una elección y a pesar de ello fue presidente del PRI en el Estado y hasta diputado local. Pero también militantes de los propios partidos que lo postularon dirigieron duros señalamientos al candidato de las izquierditas.
RESISTENCIA.- Más allá de los llamados de organizaciones civiles a boicotear las próximas elecciones constitucionales, como protesta por la corrupción, los asesinatos, las desapariciones forzadas, la impunidad y muchos otros gravísimos problemas que enfrenta la sociedad mexicana, existe una silenciosa y pacífica resistencia individual de centenares de ciudadanos que han comenzado a rechazar la invitación que les ha hecho el Instituto Nacional Electoral para servir como funcionarios de casilla. Lejos de los flashes de los fotógrafos y de las notas periodísticas, es la propia ciudadanía la que ha puesto más lejos este escenario.
ESTORBOS.- En la versión de profesores – estudiantes de la Licenciatura en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional son los supervisores y jefes de sector de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, quienes más irracionalmente se oponen a cualquier intento por hacer innovaciones pedagógicas a sus desempeños docentes en las escuelas, ya sea en la didáctica utilizada o en sus propias prácticas profesionales. A quienes forman esa casta burocrática se les identifica como los principales estorbos para cambiar de paradigma educativo, a pesar de los esfuerzos del propio gobierno mexicano para hacerlo.
EXCUSAS.- Puede ser falso el argumento de profesores – estudiantes de la Licenciatura en Educación de la UPN en contra de la casta de supervisores y jefes de sector de la SEGE para impedir hacer innovaciones pedagógicas dentro de sus aulas; y que solamente se trate de una excusa para protegerse de su indolencia, ignorancia o falta de valor para emprender nuevas experiencias educativas. Cualquiera que sea el caso: si son quienes forman parte de esa casta burocrática o es el magisterio en servicio quien obstaculizan el desarrollo del nuevo paradigma de la educación, debe la SEGE emprender una investigación y actuar.
CRIMINALES.- Diputados deben de revisar la cantidad a que ascienden los seguros y pagos de indemnización impuestos a permisionarios del transporte urbano por atropellamiento de peatones. Resulta imperdonable que hayan estimado en 30 mil pesos el pago de estas indemnizaciones en la Ley del Transporte a deudos de personas atropelladas. Debe aumentarse en muchos más pesos ese pago y además debe de cancelarse inmediatamente la concesión del permisionario implicado. Ante lo que nos encontramos es ante una especie de “crimen organizado”, en donde participan diputados, funcionarios y camioneros.