La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó ayer a la Cámara de Diputados el informe de la Cuenta Pública 2013 —primer año de la administración de Enrique Peña Nieto— en el que se constatan incon-sistencias o posibles irregularidades por 56 mil millones de pesos, de los cuales se han recuperado cinco mil 900 millones.
Se detectó que el mayor monto de recursos por reintegrar del gobierno federal se centra en el gasto social, sobre todo en salud (5 mil 800 millones de pesos), y en dependencias como el IMSS, ISSSTE e Inmujeres (4 mil millones), además de Desarrollo Social (mil 800 millones), entre otras.
En los estados, las observaciones están en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) (11 mil 400 millones), Seguro Popular (5 mil 400 millones), y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (3 mil 200 millones), además de servicios de salud (2 mil 800 millones).
De los más de 50 mil 721 millones de pesos cuestionados por los auditores, 22.4% corresponden a las irregularidades detectadas en el pago de la nómina magisterial y que fueron marcadas como “probables recuperaciones”.
El informe destaca que las irregularidades detectadas, que se podrían solventar en los próximos 30 días hábiles, derivan de 14 auditorías forenses —en las que se presume algún delito en contra del erario— en Sagarpa (1), SEP (1), instituciones de educación superior (8), Sedatu (1) y Sedesol (3).
De acuerdo con la ASF, es posible que se puedan presentar entre 100 y 150 denuncias penales o de hechos por todas las irregularidades detectadas.
En las mil 413 revisiones individuales que se hicieron a 290 instituciones del gobierno federal, estados y organismos descentralizados se emitieron 10 mil 861 acciones, de las cuales seis mil 902 son recomendaciones, 783 solicitudes de aclaración, 57 promociones para comprobación fiscal; mil 321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 798 pliegos de observaciones.
Al entregar el informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor Juan Manuel Portal dijo que si se habla “nada más del gasto federalizado, la suma originalmente señalada, observada durante la revisión andaba por 90 mil millones de pesos, antes de que termináramos las revisiones completas bajó como a 70 mil, quizá en el informe queden ya como 50 mil, y dentro de esto ya hay una recuperación, como decía yo, de cinco mil y tantos millones de pesos”.
Según el documento presentado ayer, desde 2001 hasta 2012 se han logrado recuperar más de 88 mil 851 millones de pesos y Portal relató que en promedio se recuperan el 22% de las observaciones, y que equivale a 12 mil 435 millones de pesos.
Sin embargo, a diferencia de la Cuenta Pública 2012, último año de Calderón, donde anunciaron 134 denuncias, Portal dijo que hasta que se tengan suficientemente integrados los expedientes puede derivar en denuncias.
Crisis institucional. Admitió que hay “crisis de confianza” en las instituciones y sectores de la sociedad han asumido una actitud de escepticismo y reserva respecto a la actuación del Estado, llegando en algunos casos a asumir tintes de disenso y confrontación.
Ante ello, los órganos del Estado tienen la obligación de sustraerse a la dinámica de confrontación política y dar elementos de certidumbre y objetividad, más allá de cualquier interés de grupo o preferencia personal.
Atenderá gobierno observaciones de Auditoría: SFP
La Secretaría de la Función Pública (SFP) comprometió que el gobierno federal atenderá cada una de las observaciones que se le hicieron a través del informe de Cuenta Pública que elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A través de un comunicado, la dependencia expuso que por su conducto el gobierno federal se compromete a que todas las entidades fiscalizadas del Ejecutivo Federal, atenderán las acciones promovidas en cada uno de los informes.
«En la presentación de la ASF se incluye un apartado en el que se identifican trece áreas del sector público con riesgos que propician la recurrencia de observaciones y que van más allá del año que se revisa», expuso.
La Función Pública, se añadió en el comunicado, analizará y propondrá -en su caso- medidas, prácticas o normas para evitar el ejercicio de gobierno en las recurrencias expuestas.
La Función Pública consideró que con la atención se podrá fortalecer la confianza y mejorar el desempeño gubernamental.
«Asimismo, esta dependencia reafirma su compromiso de continuar trabajando, junto con la ASF, en el Sistema Nacional de Fiscalización para consolidar la rendición de cuentas y favorecer la transparencia, la legalidad, así como la calidad de la gestión pública», apuntó.
