La Comisión Estatal de Derechos Humanos turnó la recomendación 1/2015 a la Procuraduría General de Justicia en el Estado (Expediente 1VQU-04070/2013), mediante la cual señala un presunto intento de extorsión por parte de un agente del Ministerio Público que exigió a la esposa de un detenido la cantidad de 25 mil pesos en efectivo, para gestionar su libertad.
La quejosa refirió que procedió a la contratación de un abogado, tras tener conocimiento de que su esposo fue remitido a los separos policíacos, sólo que el abogado fue obstruido en su ingreso por parte de elementos de la Policía Ministerial, según se le informó, esto ocurrió por instrucciones de la Directora General de Averiguaciones Previas.
En ese momento, una persona que se identificó como agente del Ministerio Público intervino para instruir a los agentes de guardia el impedimento del ingreso de la defensa, acusando al abogado de estarle robando clientes, iniciado una agresión del mismo, arrebatándole una carpeta con documentos.
Acusaron al profesionista de “meterse con la Directora de Averiguaciones Previas” y de “fraude contra la fidelidad profesional”; el abogado interpuso la queja correspondiente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de que se intentara la extorsión forzándolo a firmar un pagaré por 25 mil pesos, presuntamente para agilizar el proceso de liberación.
La CEDH solicitó la intervención del Procurador General de Justicia a fin de que se proceda a la reparación de los daños ocasionados, tanto por la agresión física sufrida como por los daños psicológicos infringidos, así como por el intento de chantaje y extorsión.
Las autoridades policíacas estatales y ministeriales se mantuvieron como las más altas y consistentes genera-doras de quejas de violación de derechos humanos en San Luis Potosí, razón por la que la CEDH ha instruido en múltiples ocasiones la necesidad de que se inserte a los agentes en un programa de actualización permanente en materia de derechos humanos.
