Para el ayuntamiento no habrá marcha atrás al proyecto de construcción y operación de la Comandancia Centro, advirtió el presidente de la Comisión de Policía Preventiva, el regidor Marco Antonio Zavala Galeana.
El funcionario municipal, quien aseguró que la edificación contendrá elementos de “Proximidad ciudadana” y de Tránsito, así como una central de socorristas de la Cruz Roja y Bomberos, desestimó las réplicas de los padres y madres de familia de la escuela primaria José María Morelos y Pavón.
Estos han advertido que las reglas de operación que se ha dado el gobierno federal, a través de la Sedesol, son claras en el sentido de que se prohíbe el funcionamiento aledaño a las escuelas de las corporaciones de policía, socorristas y rescatistas y bomberos, toda vez que la naturaleza de sus misiones entraña movimientos constantes de vehículos y, en el caso de la policía y del Ejército, de armas, ofreciendo con ello riesgos frecuentes para los niños.
El proyecto municipal ha cambiado de nombre, para pasar de Comandancia Centro a “Unidad de Prevención Social”, según aseveró Zavala Galeana, quien informó que este cambio ha generado también una recon-sideración respecto de los permisos que debe otorgar el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por ubicarse en la zona histórico-patrimonial de La Corriente y en la circunscripción de la Declaratoria de la UNESCO.
Para la madre de familia María Cristina Mata, los argumentos expuestos por el funcionario municipal carecen de sustento jurídico, toda vez que un cambio de nombre no modifica la prohibición expresa en las reglas de operación de la SEDESOL, ni tampoco impacta el criterio establecido en los protocolos de seguridad y, asimismo, no da lugar al otorgamiento del permiso requerido por el INAH ni se ajusta al presupuesto legal de la defensa y protección de los derechos humanos de los niños.
Los padres de familia insistieron en que se mantendrán en oposición a este proyecto hasta que las autoridades municipales se determinen a reubicarlo. In dicaron que ese espacio podrán dedicarlo a la construcción de una biblioteca o una ludoteca, pero no para la realización de actividades policíacas, la instalación de centrales de emergencia como la Cruz Roja o los Bomberos.
El desacuerdo entre los padres de familia y vecinos con las autoridades municipales se sostiene, a grado de que se ha solicitado ya la intervención del Tribunal Colegiado a fin de que este les conceda el recurso de amparo y protección de la justicia federal contra las actuaciones municipales, estatales y de la dependencia federal que aporta los fondos para estos proyectos.
