El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas(ONU), alertó que el problema de las desapariciones en México es generalizado, que se presenta en gran parte del territorio nacional, que en muchos casos intervienen servidores públicos y las condenas por este delito son casi inexistentes.
Señaló que el “grave” caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzina-pa ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda de las víctimas.
Criticó la impunidad que persiste en numerosos casos de desaparición forzada, incluso desde la llamada Guerra Sucia de los años 70, en los que, además, “hay un lento progreso en materia de reparación [del daño]”.
El comité dio a conocer ayer su informe de recomendaciones, luego de que el 2 y 3 de febrero pasados, en Ginebra, comparecieron representantes del Estado mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones civiles y padres de familia de personas desaparecidas. El propósito fue evaluar al país en cuanto al cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual México está comprometido a aplicar.
Luego de analizar los informes y la postura de las partes, el comité expresó su preocupación por la falta de estadísticas precisas sobre el número de desapariciones, “lo que impide conocer la verdadera magnitud del flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad, así como las deficiencias que existen en materia de búsqueda de las personas e identificación de restos”.
Reformas legales y acciones
El comité conminó a los legisladores a reformar las normas que sean necesarias para que los tribunales castrenses no intervengan en la investigación de desapariciones cometidas por miembros del Ejército en contra de los propios militares, a fin de que sean juzgados en el ámbito civil de manera imparcial.
En sus recomendaciones, las cuales se emitieron “con espíritu constructivo y de cooperación”, hace un llamado enérgico al Estado para que reconozca la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas.
Pidió a los legisladores aprobar a la mayor brevedad una ley general que regule de manera integral aspectos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas, así como la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas.
También resaltó que debido a la falta de estadísticas es preciso que México cuente con unRegistro Único de Personas Desaparecidas a nivel nacional y comenzar la búsqueda de las personas sin dilación.
“El comité recomienda redoblar sus esfuerzos para asegurar que cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, haga la investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal”, para que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser encontrados culpables, se les sancione.
En ese sentido, destacó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe tener una unidad fiscal especializada para la investigación de estos casos, pero que cuente con los recursos necesarios para su labor.
Dado que consideró que existen serias dificultades por parte del Estado mexicano para localizar a las personas desaparecidas e identificar restos, el comité recomendó: asegurar que la búsqueda sea realizada por las autoridades competentes, con la participación de los allegados de la persona desaparecida; fortalecer la base de datos ante mortem-post mortem, para que sea plenamente operativa en todas las entidades, y garantizar que sea completada con información pertinente, y fortalecer la base de datos genéticos de la PGR a fin de garantizar que incorpore información relativa a todas las vítcimas.
También recomendó garantizar la efectiva coordinación, cooperación y cruce de datos entre los órganos con competencia para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de sus restos cuando hubieran fallecido, y asegurar que cuenten con los recursos económicos, técnicos y de personal necesarios para esas tareas.
