Más de 30 denuncias penales contra funcionarios aún pendientes en la PGJE

El diputado Alfonso Díaz de León presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, indicó que es conveniente revisar los marcos legales para que instancias como la Procuraduría General de Justicia concluyan las denuncias penales contra funcionarios que incurrieron en el mal uso de recursos públicos.
Señaló que resulta extenuante que después de la presentación del informe del Auditor Superior del Estado y el envío de la documentación para abrir una averiguación previa a la Procuraduría, las investigaciones y acciones legales se retrasen, por eso es necesario establecer tiempos para obligar a que se entreguen resultados.
Los integrantes de la Comisión de Vigilancia además analizan la posibilidad de llamar nuevamente al Procurador de Justicia, para conocer el avance de las más de 30 denuncias penales que siguen pendientes en la dependencia, en base al trabajo de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado.
“Vemos que hay una lentitud, que son procesos largos, finalmente tenemos qué cambiar el marco legal para que pueda ser mucho más eficientes estos procesos, ya que la Auditoría entrega algo bastante completo después de una investigación de meses, para detectar e informar que hubo mal uso de recursos y ahora por ley, la Procuraduría tiene que investigar cada uno de los detalles que entrega la Auditoría, entorpece hace muy lento la impartición de justicia”.
Mencionó el diputado Alfonso Díaz de León Guillén, que durante la próxima reunión de la Comisión de Vigilancia se tomarán acuerdos respecto a la entrega de las cuentas públicas de 2013, para integrarlos para el informe final de la Auditoría para el próximo 31 de mayo.
“La Comisión de Vigilancia y el pleno del Congreso no aprueban la cuenta pública, si no se aprueba el informe que entrega la Auditoría para darle paso al desahogo de pruebas de los diferentes funcionarios que podrían ser responsables de esas observaciones que no fueron solventadas y posteriormente se den las sanciones administrativas financieras y en su caso las denuncias penales” explicó el legislador.