La paralización de la vida social, la obstrucción de los derechos de las personas, las actividades económicas también se expresaron como riesgo para las personas en situación de vulnerabilidad económica e, incluso de salud, que quedaron atrapadas durante el bloqueo orquestado el martes pasado por un grupo de comerciantes informales, afirmó el sacerdote Juan Jesús Priego Rivera, portavoz de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.
Ante ello, convocó a las autoridades municipales a reflexionar que los bloqueos constituyen una reacción frente a la indisposición de diálogo y a la ausencia de una oferta de solución a los problemas planteados.
Priego Rivera indicó que la Iglesia respeta y reconoce los derechos que asisten a los promotores de esta acción, que terminó paralizando a la ciudad y ocasionando la afectación de terceros. Pero lamentó que la contraparte no ocurriera a su obligación de escuchar, dialogar y proponer soluciones enmarcadas a derecho… ni a garantizar la no afectación de los derechos de terceros, que se desprendió de los hechos concretos.
De alguna manera la parálisis de la vida social se desprendió de la parálisis de la administración municipal que no le permitió el uso de los instrumentos de la negociación.
Juan Jesús Priego convocó a los comerciantes que acudieron al bloqueo a no descuidar los efectos negativos en la sociedad y los conminó al agotamiento de los recursos antes de acudir a medidas extremas, porque nadie tiene derecho a paralizar la vida y las actividades sociales y económicas de la ciudad.
Ni a poner en riesgo la vida y la integridad de los enfermos en tránsito a los hospitales, ni de los trabajadores que resultaron afectados al no llegar a tiempo a sus empleos, de las factorías que perdieron tiempos de producción y recursos ¿Tienen una idea de cuánto se pierde en un retraso de tan solo 10 minutos en una ensambladora automotriz? Millones de dólares –dijo.
Priego Rivera insistió en que se reconoce plenamente el derecho que asiste a la manifestación a los comerciantes, y destacó que el punto no se circunscribe sólo a ellos, toda vez que la contraparte (las autoridades) no mostraron disposición para escuchar, atender y resolver sus planteamientos y reclamos.
Sin embargo los efectos colaterales de esto afectaron a miles de personas, impactaron negativamente la producción y la productividad, los derechos humanos de los padres de familia que vivieron momentos de angustia en el trayecto de casa a la escuela para recoger a sus hijos; que pusieron en riesgo a los enfermos en tránsito, los traslados de las unidades de atención médica de urgencia, de las unidades de seguridad pública, el abanico de efectos negativos sigue desplegándose.
