San Luis Potosí posee no sólo el servicio de transporte más caro de la región, sino también el más deficiente, aseveró la Asociación Civil Ciudadanos Observando. La organización ciudadana aseguró además que la relación entre el constante incremento se involucran intereses de carácter político-partidista.
José Guadalupe González, fundador de Ciudadanos Observando, indicó que los permisionarios se han beneficiado de esta relación con el poder público estatal más allá de las siglas partidistas, como se observa en la transferencia del poder estatal entre el PRI y el PAN.
La relación de los permi-sionarios parece fundamentarse en la práctica del acarreo electoral, puesto en boga por el PRI durante siete décadas ininterrumpidas como partido único y adoptada posteriormente por el PAN con el ascenso a la gubernatura de Marcelo de los Santos Fraga.
Ciudadanos Observando se dio a la tarea de investigar los diferenciales tarifarios en los portales oficiales de los gobiernos de las ciudades de Aguascalientes, Guadalaja-ra, Guanajuato, Puebla y Que-rétaro.
Se encontró con que la tarifa recientemente autorizada en San Luis Potosí supera con dos pesos y 60 centavos a la establecida en Guanajua-to, que se mantiene con un peso y 60 centavos por arriba de las aplicadas en las ciudades de Guadalajara y Aguascalientes y es un peso y 10 centavos superior a las aplicadas en Puebla y Que-rétaro.
Obviando las características de las unidades de transporte y, asimismo, la calidad en materia de atención en la prestación del servicio, las distancias y horarios, se establece que el servicio potosino es el más caro de la región central de México.
Otra de las observaciones que alientan la inconformidad de los usuarios tiene que ver con los mecanismos de control de usuarios consistentes en barras electrónicas y sucios torniquetes que operan de manera paralela.
Asimismo, el incumplimiento de los compromisos contraídos como condiciones ineludibles para la autorización al alza de las tarifas, sin que los permisionarios sean objeto de sanción alguna por parte de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado.
Ciudadanos Observando indicó que el hecho de que la administración del servicio de transporte se encuentre en manos del gobierno del estado y no de los municipios, se da en el marco del interés político-partidista; razón por la que se ha neutralizado en su responsabilidad originaria a los administradores de vialidades naturales (y constitucionales: artículo 115) de las vialidades: los ayuntamientos.
También se hizo notar que en el entorno, se ha beneficiado a los permisionarios con la creación de empresas destinadas a la preventa del servicio mediante tarjetas magnéticas (la empresa Boletur), no obstante que estas son gestionadas desde la SCT; de igual forma se ha permitido que opere sin control visible alguno una empresa de publicidad móvil.
Finalmente se observó que en el diseño de las rutas no se ha fundamentado un plan de movilidad urbana, de modo que existen grupos de usuarios que deben caminar largas distancias para llegar a sus destinos; tampoco se ajusta el servicio a las necesidades horarias de los usuarios en la ruta de sus trabajos y centros educativos.
