La inconformidad de los paterfamilia y vecinos de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, en la zona histórica de La Corriente, hizo eco en la CEDH, que en voz de su consejero-presidente, Jorge Vega Arroyo, conminó a las autoridades municipales a transparentar el proyecto y objetivo de su erección.
Asimismo, se solicitó a las autoridades capitalinas la realización de los estudios de impacto social y de movilidad; los correspondientes a los índices de incidencia delictiva o inseguridad, ajustarse a los protocolos establecidos en cuanto a la proximidad de este clase de instalaciones con los establecimientos educativos, entre otros.
La CEDH fue requerida por los paterfamilia y vecinos a fin de que el presidente municipal explique de manera pormenorizada este proyecto y ofrezca la certidumbre de su operatividad, respetando los protocolos establecidos a ese respecto por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública y otras instituciones.
De acuerdo con la representante de los padres de familia, María Cristina Mata, la secretaría general del Ayuntamiento capitalino, encabezada por Juan Ramón Nieto Navarro, ha ofrecido explicaciones contradictorias al respecto de la función y el fin que se dará a la edificación.
Y es que de acuerdo con la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, el edificio estará resguardado por 180 agentes armados, contará con separos y con mandos operativos, lo que implica un tráfico constante de vehículos de seguridad, lo que entrañará un riesgo permanente a los escolares y padres de familia, así como para los flujos estudiantiles universitarios ya que en las inmediaciones se encuentran las Facultades de Derecho y de Administración de la UASLP, las oficinas administrativas y el Hospital de Zona número 2 del IMSS.
Jorge Vega concedió la razón a los quejosos, manifestando que “la autoridad municipal de San Luis Potosí” se encuentra muy lejos de ser clara en cuanto a ese proyecto; por esta razón la CEDH ha solicitado de dichas autoridades la información pertinente
Los vecinos también destacaron que las obras en proceso son fuente ya de daños colaterales al generar, por las vibraciones que se desprenden de la maquinaria pesada, cuarteaduras en sus viviendas; mencionaron que esta maquinaria ha ocasionado la rotura de varios tramos de la red de suministro de agua potable, así como del sistema de drenaje.
Aseguraron que en las múltiples reuniones con el secretario del ayuntamiento, Nieto Navarro, este ha cambiado las versiones sobre el uso que se dará a las instalaciones financiadas con recursos del SUBSEMUN, desde la operación de una central de policía, hasta una edificación destinada al albergue de la denominada policía de Proximidad Social.
María Cristina Mata insistió en que se mantendrán en oposición a dicho proyecto, exigiendo su reubicación porque, aseguró, sobre los derechos humanos y, especialmente, los derechos de los niños no debe sobreponerse el interés por la mera captación de recursos de la Federación.
