Quienes visiten el portal del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, Coneval, encontrarán información importante, como la evaluación de los programas federales de desarrollo 2014, que esa institución publicó el 17 de diciembre pasado. Pero, de mayor impacto es la información sobre el número de programas o acciones federales, estatales y municipales orientados al desarrollo, la promoción humana y el combate a la pobreza.
Coneval encontró que el gobierno federal opera 233 programas o acciones, los gobiernos de las 32 entidades otros tres mil 788 y los más de dos mil 500 municipios del país cuentan con mil 883 programas o acciones propias. En el caso de los programas municipales, más que un catálogo de políticas orientadas a mejorar las cosas, lo que Coneval ha encontrado es multitud de cajas negras de las que se sabe poco en realidad pues, además del número de programas, a los políticos mexicanos no se les da fácilmente eso de informar.
Un ejemplo es Guerrero entre 2012 y 2013. Al observar la base de datos correspondiente (http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IPM/Paginas/Estados/Guerrero.aspx), lo primero que llama la atención es la abundancia de las siglas ND, es decir, información No Disponible. Y no son sólo municipios donde ni el presidente municipal sabe leer. Eso pasa en los tres municipios más importantes del estado: Acapulco, Chilpancingo e Iguala. En Chilpancingo, la capital, había dos programas federales (Hábitat y Rescate de Espacios Públicos) y uno municipal (Huertos Urbanos). De ellos, hay alguna información para los federales, que importan poco más de 24 millones de pesos, pero no la hay para el programa municipal.
En Acapulco, Coneval da cuenta de nueve programas, dos de ellos de la Federación, pero de ninguno de los nueve se publica otra información que no sea el nombre y la población objetivo. Nada dice de los montos que supuestamente entregó, por ejemplo, el programa municipal de “Útiles escolares”. Una caja negra que existe para ayudar a los niños más necesitados, pero de cuya información sólo se nos dice: “No Disponible”.
Iguala es un caso interesante porque en el periodo que analiza Coneval, el municipio estaba gobernado por José Luis Abarca, mientras su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, dirigía el sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Allí Coneval identificó siete programas de desarrollo social. Algunos son los muy conocidos programas federales como Oportunidades (ahora Prospera), el programa de Adultos Mayores, las operaciones de Liconsa, el Programa Paisano y el Programa de Rescate de Espacios Públicos que, sería de suponerse que sí cumplen con los requisitos que exigen las auditorías federales esos programas. Los programas municipales son uno de Alfabetización y otro llamado Pensión Guerrero. De esos programas no hay dato alguno que explique qué se hacía con los recursos que muy probablemente recibían o del erario municipal o de las transferencias de gobierno federal o de Guerrero.
La única información corresponde al programa federal de Rescate de Espacios Públicos, cuyo presupuesto fue de poco más de dos millones 129 mil pesos, de los que cerca de un millón 278 mil venían de recursos federales o del estado, a los que se agregaron 852 mil pesos del municipio. Y eso es todo. No es que sea un error de Coneval, pues para otros municipios de otras entidades hay más información. Es que, por lo que se ve en lo publicado por Coneval, a los políticos guerrerenses no se les da eso de informar.
Que no nos sorprenda, pues, lo que pasa en Guerrero: ni fosas ni crematorios ni desapariciones forzadas.
La sordera de los políticos mexicanos
Pocas cosas exhiben qué tan mal estamos en México como las bajísimas tasas de confianza entre las personas y en las instituciones. Así lo demuestran tanto las series periódicas de estudios de opinión publicadas por encuestadoras como Consulta Mitofsky, Parametría, IPSOS o encuestas más ambiciosas, como las que patrocinan la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Tampoco importa qué tan grandes son las muestras.
una cosa está clara: los mexicanos no confiamos ni en nosotros mismos ni en nuestros políticos y autoridades, y menos en las instituciones encargadas de impartir justicia. Y es cierto, en muchos otros países existen crisis similares de confianza en lo que hacen o dicen los políticos, pero en muy pocos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los niveles son tan bajos y afectan de manera tan marcada a las policías, a los jueces y a los altos funcionarios del Estado.
Lo que es peor, como lo ha demostrado la OCDE en distintos estudios dados a conocer en los últimos años, existe una muy alta correlación entre desconfianza y corrupción. En otras palabras, en la medida que aumenta la corrupción aumenta también la desconfianza. Es un círculo vicioso que hace que sospechemos de todo y de todos, que eleva los costos para la apertura de negocios, que lisia prácticamente cualquier esfuerzo que se realice. Incluso los mecanismos que específicamente se han diseñado para atacar ese problema, como los llamados “Controles de Confianza”, que se instituyeron en México la década pasada para tratar de hacerle frente a la crisis de seguridad pública que padecemos desde finales de los noventa, han demostrado ser incapaces de lograr lo que buscan, es decir, aumentar, mejorar los niveles de confianza.
Estamos atrapados en un laberinto tan hondo que no se ve la solución. Y se agrava porque nuestros políticos, de todos los partidos, se empeñan en no escuchar lo que esas encuestas, en las que gastan tantos y tantos millones de pesos, les dicen: la gente no participa, no confía ni en otras personas ni en las leyes y políticas de los gobiernos porque no se siente considerada, no se siente escuchada. No es algo coyuntural, no es sólo por lo que ha ocurrido en los últimos cuatro meses (de pesadilla) con casos como los estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa o las propiedades de la familia presidencial. Es una tendencia de largo plazo que incluso un estudio elaborado por El Colegio de México para el Instituto Nacional Electoral lo reveló a finales de 2014. Se trata del Informe país sobre la calidad de la ciudadanía (http://t.co/C5Yp7l9LaJ) que señala, entre otras cosas, que 66 por ciento de los mexicanos consideran que las leyes se respetan poco o nada; que 61 por ciento de las víctimas de un delito no denunciaron y que, de ese porcentaje abultado, 63 por ciento no lo hizo pues están convencidos de que no sirve hacerlo. Y lo que es peor, de los que sí denunciaron, más de la mitad no resolvieron cosa alguna con la denuncia.
El estudio incluye una pregunta que indaga si las personas creen que “los políticos se preocupan por gente como ellos”. Las respuestas son demoledoras: 49.61 por ciento dijeron estar muy en desacuerdo; 22.4 dijeron estar algo en desacuerdo; 12.78 no pudieron decir si estaban de acuerdo o no y sólo 13.12 por ciento dijeron estar algo o muy de acuerdo en que los políticos los escuchaban. ¿Así o más claro?
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