Al menos nueve altos mandos de instituciones de seguridad pública del estado de Guerrero, y que formaron parte del gabinete del ex gobernadorÁngel Aguirre Rivero, reprobaron los exámenes de control y de confianza, entre ellos un procurador y dos subprocuradores de Justicia, de acuerdo con información obtenida por un Diario de circulación nacional a través de una solicitud de transparencia.
Esto quiere decir que tras la práctica de los exámenes se observaron indicadores de riesgo para el desarrollo de sus funciones, ya que sus características, hábitos y conductas no se apegaron a los principios constitucionales que rigen la actuación de un servidor público.
En total se ha evaluado a 22 altos mandos del estado, quienes realizaron sus exámenes en el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República (PGR), en el de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y en el del gobierno local, detalló en un oficio el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Las pruebas consistieron en exámenes patrimonial y de entorno social, médico, sicométrico, sicológico, poligráfico y toxicológico. Tras revisar de manera integral los resultados y determinado el riesgo de la persona, se emitió el resultado único.
Estas conclusiones debieron ser remitidas por el titular del Centro de Evaluación al entonces mandatario Ángel Aguirre Rivero, porque así lo establecen los acuerdos del SNSP, pero el gobernante no removió inmediatamente del cargo a los funcionarios.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, aseguró que por ley el gobernador estaba obligado a destituir a los mandos policiacos que resultaran reprobados en sus evaluaciones, porque se les detectó un factor de riesgo o algún vínculo con la delincuencia.
“Sin embargo, en muchos estados es muy complejo destituirlos y en otros son unos cínicos, y aunque no pasen los exámenes no los destituyen. Esto depende de cada estado”, explicó.
Conforme a lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), sólo podrá permanecer en las instituciones de seguridad pública el personal certificado, es decir, aquellos elementos que hayan aprobado sus exámenes de control de confianza.
No cubren perfil
Un total de 14 altos mandos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) realizaron sus exámenes en el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la PGR de 2011 a la fecha, y la mitad reprobó.
José Vélez Zapata, ex fiscal especial de la Costa Chica, reprobó las evaluaciones en noviembre de 2012. Actualmente es agente del Ministerio Público.
Alberto López Rosas, quien fue procurador general de Justicia del 12 de abril de 2011 al 13 de diciembre de ese año, fue uno de los primeros en reprobar: hizo sus exámenes en agosto y septiembre de 2011.
López Rosas fue separado del cargo de procurador después de que el 12 de diciembre de 2011 dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueran asesinados a tiros durante un desalojo realizado por policías estatales y federales en la Autopista del Sol.
El entonces gobernador Ángel Aguirre dijo que la remoción de su procurador era para facilitar las investigaciones del caso. Posteriormente, el 17 de mayo de 2013 López Rosas fue nombrado secretario del Trabajo, cargo al que renunció el pasado 27 de octubre.
Tras la salida de López Rosas de la PGJE, en 2011, quedó como encargado de despacho el entonces subprocurador de Control Regional y Procesos Penales, Alejandro Hernández Paz y Puente, quien también aparece como “no aprobado”. Realizó sus exámenes en agosto de 2011, y a pesar de eso lo nombraron encargado de despacho del procurador.
Hernández fue detenido el 5 de julio de 2012, acusado de delitos contra la administración de la justicia y encubrimiento, tras el incidente donde murieron dos estudiantes normalistas. Tras casi un año de estar en prisión, el 17 de julio de 2013 quedó en libertad.
Ulises López Olivera, quien fue nombrado fiscal especial de la región Costa Grande en mayo de 2012, y fue presentado como parte de un equipo de fiscales especiales que atenderían el caso de la muerte de los dos normalistas, también reprobó las evaluaciones.
Otro ex subprocurador de Justicia que fue reprobado es José Fernando Monreal Leyva, quien asumió el cargo el 19 de junio de 2012. En noviembre de ese año se sometió a las evaluaciones de control de confianza, pero no pasó, indicó la PGR en respuesta a la petición de información.
El 5 de diciembre de ese año, tras casi seis meses de haber asumido el cargo de subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, y después de no haber acreditado satisfactoriamente las evaluaciones, el funcionario presentó su renuncia al cargo argumentando “motivos personales”.
Antes de eso, Monreal Leyva fue titular de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) en el estado, del 17 de julio de 2010 a finales de 2011.
La ex fiscal especializada en feminicidios, Everarda Pineda Andraca, y la ex fiscal especializada en investigación de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, María Salgado Sebastián, también reprobaron las evaluaciones de control de confianza a las que se sometieron en agosto y septiembre de 2012.
En respuesta a la solicitud de información, la Policía Federal dijo que encontró en sus registros las evaluaciones practicadas en su centro a cinco altos mandos de Guerrero, pero se negó a proporcionar los resultados.
Gobiernos “cínicos”
Para María Elena Morera, quien a través de su organización ha dado seguimiento al proceso de certificación policial, algunos gobernadores han desestimado las evaluaciones y mientras no exista una sanción para la entidad que no destituya a sus reprobados, esto seguirá pasando.
Además, aseguró, a los gobernadores tampoco les ha importado el gasto millonario que se invirtió en el proceso de certificación policial en todo el país, porque al final de cuentas no fue presupuesto local, sino del ámbito federal.
“Cuando el mismo gobernador no tiene un compromiso con su policía, entonces al final, ¿por qué los policías se van a comportar como se debe? Es un cinismo desde los gobernadores, y eso lo vemos en Guerrero, en Michoacán, en Morelos, donde han dejado pasar a mandos y policías que no aprueban los exámenes”, manifestó Morera.
Consideró que esta situación resta confianza a la ciudadanía, porque en estados como Guerrero, donde es tan endeble la situación de seguridad y además se hace público que los mandos fueron reprobados y siguen trabajando, para los ciudadanos es más difícil confiar en los policías.
“Nosotros esto lo hablamos con el gobernador [Ángel] Aguirre varias veces, y su explicación eran tan estúpida… cuando le decíamos de los altos mandos que no habían pasado los exámenes, la explicación que nos daba es que era porque no estaba bien el examen, que los exámenes no eran tan confiables”, contó.
Aunque lo sucedido en el municipio de Iguala es un caso extremo, hay muchos otros lugares donde los resultados de las evaluaciones ni siquiera son públicos y donde los mandos están coludidos con la delincuencia organizada y siguen trabajando, alertó Morera.
Lamentablemente, dijo, se han invertido miles de millones de pesos de los ciudadanos en un programa que no ha cumplido su objetivo de contar con policías confiables donde el reprobado se quede fuera y no vuelva a ser policía, y donde realmente permanezcan los mejores elementos.