La Arquidiócesis de San Luis Potosí se abstuvo de calificar la actuación de Cándido Ochoa Rojas al frente de la Secretaría General de Gobierno y destacó que ésta le corresponde exclusivamente a los ciudadanos, de conformidad con las leyes vigentes, recordando que subsiste en México la formalidad de la separación entre la Iglesia y el Estado definido constitucionalmente como laico.
También objetó que se califique a José de Jesús Cruz, sacerdote acusado por la presunta comisión de un delito sexual contra un joven que trasnochó en la Parroquia de Fátima, como un chivo expiatorio con el que las autoridades judiciales pretendan encubrir el proceso legal abierto contra el ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista.
Al conocer que en el entorno del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García se ha gestado un movimiento en defensa del denomina do “Padre Chuy”, en el que el abogado asevera lo anterior, el portavoz diocesano negó enfáticamente el empleo en este caso del calificativo de chivo expiatorio al que se recurrió.
Convocó a la defensa legal del sacerdote, acusado formalmente a presentar ante las autoridades elementos que les permitan discernir sobre el caso.
Juan Jesús Priego Rivera indicó que el proceso que se le ha fincado a Juan Jesús Cruz continúa en marcha, abierto y, en consecuencia no cabe el que se le presente ni como chivo expiatorio, ni como culpable del ilícito por el que se le acusa.
El caso se encuentra en manos de las autoridades civiles y, en modo alguno de la diócesis de San Luis Potosí, misma que no interferirá en las indagatorias de ley que le corresponden a las autoridades ni en la defensa legal que hoy está en manos de un abogado contratado por el sacerdote y sus familiares.
Respecto del ex sacerdote Eduardo Córdova, insistió en que la arquidiócesis desconoce su paradero y que en modo alguno ha procedido a encubrirlo; recordó que al contar con evidencias de responsabilidad en un caso, se instaló el correspondiente procedimiento canónico y se procedió, de acuerdo con la legislación interna a sancionarlo y, posteriormente se le demandó formalmente ante las autoridades civiles.
En su momento, y en respuesta a los requerimientos de las autoridades investigadoras, la diócesis procedió a colaborar con las mismas y ofreció, incluso, su coadyuvancia.
En el marco del movimiento público en defensa del padre Chuy aseveró que no existe ninguna r elación entre este y la arquidiócesis y recordó que el arzobispo, al conocerse otros casos de sacerdotes presuntamente involucrados en hechos tipificados como delitos sexuales, instruyó para que la Asociación Religiosa no se inmiscuya en su defensa y colabore con las autoridades, quedando la defensa de los mismos a cargo de los abogados civiles que determinen contratar.
La Arquidiócesis no encubre ni al padre Chuy ni al ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, subrayó.
