La detención del párroco de Nuestra de Señora
de Fátima, José de Jesús Cruz, por la presunta violación de un adulto, consideró su defensor, el abogado Marco Antonio Barrera Vázquez, en una rueda de prensa del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García, estuvo permeada por irregularidades y enturbiada por la politización del “caso Córdova Bautista”, por lo que lo consideró como un chivo expiatorio de las autoridades.
Barrera Vázquez manifestó que en el protocolo de la detención se ha pretendido impulsar el argumento de la detención en flagrancia, aún cuando este se incumplió y, además desprendió el allanamiento del templo sin que se contara con una orden de aprehensión librada por autoridad competente.
El coordinador del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García, José de Jesús García Valdivieso, conjuntamente con el abogado y familiares del sacerdote incriminado por el presunto delito de abuso sexual, anunciaron la puesta en marcha de una campaña para la excarcelación del sacerdote denominada “Todos somos el padre Chuy”.
Marco Antonio Barrera insistió en que su defendido quedó en la indefensión cuando su caso resultó permeado por las denuncias presentadas contra el ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien permanece como ilocalizable para las autoridades, por lo que responsa-bilizó por la actuación arbitraria de la corporación policíaca a la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría General de Gobierno.
Recusó el argumento de flagrancia en la detención del sacerdote al señalar que al momento de los hechos este discutía con su acusador, ya que este –en la versión transmitida por el abogado—habría tomado dinero del templo.
Aseguró que en la revisión de los antecedentes del sacerdote acusado no hay elementos, a lo largo de tres lus-tros (quince años) que pongan en duda su conducta.De igual manera el abogado expuso que el presunto afectado ofreció versiones distintas con relación a su nombre, edad y domicilio; y es que, al momento de que se procedió a la detención “del padre Chuy”, aquel proporcionó un nombre y, posteriormente otros dos, diferentes.
En la conferencia de prensa estuvo presente una hermana del sacerdote incriminado y mantenido en prisión, María Felipa Cruz Rodríguez, quien aseguró que su hermano es inocente de los cargos que se le imputan.
El abogado reclamó para su defendido un trato objetivo y apegado a derecho, al margen de cualquier interés de politizar el asunto.
Finalmente, informó que, con el interés de avalar la conducta del sacerdote incriminado, se procedió a recabar hasta tres mil firmas ciudadanas que fueron entregadas ya en el despacho del gobernador Fernando Toranzo Fernández, la Secretaría General de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia en el Estado, así como en las oficinas del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
