Si se quiere enfocar la crisis de derechos humanos en México, la explicación debe buscarse en dos hechos: El Estado creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para no resolver el problema de autoritarismo del poder que nació con el sistema político priísta. En sus veintitrés años de existencia, la CNDH ha sido una coartada del ejercicio represivo del poder.
La oposición fue siempre un espacio de denuncia contra la represión y el abuso; pero cuando la oposición —PAN y PRD— se convirtió en gobierno, reprodujo los estilos autoritarios del viejo régimen priísta. Los dos sexenios panistas callaron ante los abusos priístas de poder y en algunos casos lo pusieron en práctica para su beneficio.
Por haber nacido de la izquierda representada por el Partido Comunista Mexicano, el PRD debió de haber diseñado una política humanitaria. Pero el PRD se formó del PRI y su origen autoritario. Por eso el colapso de derechos humanos en Guerrero fue creado por el PRD en el gobierno estatal y municipal de Iguala, por un gobernador y un alcalde salidos del PRI y de sus vicios autoritarios.
Por tanto, la posibilidad de que en Ginebra se haga un examen realista de la crisis de los derechos humanos en México no radica en denunciar algunos abusos ya conocidos del viejo régimen priísta sino de que los padres de los 43 normalistas secuestrados, asesinados e incinerados señalen directamente la responsabilidad penal, política y moral del PRD porque los gobernantes perredistas —Angel Aguirre Rivero, José Luis Abarca y su esposa María de los Angeles Pineda Villa— estaban encargados de los gobiernos y autoridades policiacas.
El gobierno federal priísta tiene parte de la responsabilidad por la participación tardía en el caso Iguala-Ayotzinapa, por una investigación llena de tropiezos de credibilidad y por haber eludido el señalamiento de la responsabilidad de autoridades perredistas. Y también por haber soslayado un programa de seguridad basado en la certeza de la intervención policiaca y militar y por haber continuado la estrategia del gobierno calderonista.
El sistema político se ha confiado en la existencia de la CNDH pero este organismo ha sido insuficiente —e incapaz, como ahora mismo— para regular la aplicación del uso de la fuerza policiaca a nivel estatal y municipal. Al final de cuentas, la CNDH interviene después de la violación y carece de instrumentos para castigar abusos.
El involucramiento de la autodenominada izquierda en abusos de poder y en violaciones criminales de los derechos humanos implica —ahí sí— el colapso del respecto a los derechos constitucionales. Y debe obligar al Estado a poner orden en el ejercicio del poder en situaciones extremas. Pero esta posibilidad debe pasar por la urgencia de que los padres de los 43 normalistas condenen al PRD y que el PRD no escabulla su responsabilidad con discursos al estilo del viejo PRI ante casos flagrantes de represión.
Ahora mismo la PGR acusó al alcalde perredista Abarca de haber ordenado el secuestro de los normalistas, a su esposa perredista Pineda Villa de ser jefa del grupo criminal Guerreros Unidos que asesinó a los estudiantes y al delincuente Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo de haber cumplido la instrucción, y falta el jefe de la policía perredista de Iguala que organizó el operativo de secuestro. Pero es la hora en que el PRD mira distraído hacia otro lado, a pesar de que el caso de los normalistas es —y hay que reiterarlo hasta el cansancio— el Tlatelolco del PRD.
Y si el organismo de la ONU en Ginebra o la CIDH quieren pronunciarse sobre Iguala, tendrán que comenzar por definir la responsabilidad política, moral y criminal del PRD en el secuestro de los normalistas. Si no, serán también cómplices de la crisis mexicana de derechos humanos.
