A iniciativa del diputado Eugenio Guadalupe Govea Arcos, el pleno de la LX Legislatura reformó la Ley del Sistema Penitenciario del Estado de San Luis Potosí, para establecer que las autoridades deben llevar a cabo, permanentemente, procesos de certificación de calidad para garantizar conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994, la inocuidad, así como su contenido en alto valor nutricional y bajo contenido calórico, de los alimentos suministrados en los centros de prevención y reinserción social.
En la exposición del dictamen aprobado se señala que lo anterior es debido a que dentro de las obligaciones en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, se establece que la aplicación de tales derechos deberá ser siempre a favor de la persona humana y progresivamente.
Si bien para la aplicación de los mismos se debe de reconocer los obstáculos que existen, más aún en términos económicos, es necesario que el derecho positivo vigente vaya transformándose de forma que garantice formalmente la obligación del Estado en proporcionar la asistencia alimentaria de forma inocua, con contenidos de alto valor nutricional y bajo contenido calórico.
No obstante, para cumplir de forma adecuada con lo ya citado y que la presente reforma sea parte del régimen de funciones y atribuciones de la Dirección General de los Centros de Prevención y Reinserción Social en el Estado, la alimentación que se otorga al interior de los mismos deberá ser certificada periódicamente por parte de Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. como ya se está realizando en diversas entidades federativas de la República, sostiene el dictamen aprobado.
