Después de las audiencias públicas en materia de seguridad y justicia que se realizaron la semana pasada en el Senado de la República, se confirman las resistencias a sacar adelante tal como fue presentado hace poco más de dos meses el “decálogo” de iniciativas sobre el tema del presidente Enrique Peña Nieto, aunque Miguel Barbosa, presidente del Senado, haya declarado esta semana que propondrá a la Junta de Coordinación Política hacerlo en un plazo de 45 días a partir del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones el 1º de febrero. Es muy natural que haya importantes reservas al respecto pues el loable objetivo de combatir el crimen, restaurar el Estado de derecho y la seguridad en el país no debería ser motivo para restringir o transgredir libertades o derechos básicos de los mexicanos ni para alterar la estructura institucional basada en el federalismo.
Por ello, el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expresó en la clausura de las audiencias que “los puntos de vista aportados convocan a un análisis mayor, con el propósito de que los pilares del constitucionalismo mexicano: municipalismo y federalismo tengan la movilidad necesaria sin romper con sus principios esenciales”. En efecto, las propuestas como mando único policiaco en cada estado, con la consiguiente desaparición de las policías municipales o la disolución temporal de municipios ante la infiltración del crimen organizado fueron criticadas por expertos; uno de ellos, Juan Marco Gutiérrez, señaló: “la propuesta del Ejecutivo federal debe ser modificada, pues tal como está representa una marcha preocupante hacia un plano de centralismo, y mediante una idea generalizada de un presunto mal desempeño de los municipios”. Otro ponente, Eruviel Tirado, expresó que “modificar la ley tal como se pretende, representa una contrarreforma… la discusión de cómo intervenir un municipio, más tarde podría traer como consecuencia la formulación de esquemas de intervención de estados, pues no están exentos de la corrupción”. Agréguese que si fuera cierto lo que informa el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Segob, David Arellano Cuan, que “alrededor del 75 por ciento de los 2 mil 457 municipios en México son vulnerables a la infiltración del crimen organizado”, el país como un todo necesitaría cirugía mayor para recomponer esa situación.
En cuanto a los derechos básicos que no han de perderse en el combate al crimen, ¿por qué se trata de avanzar, en el Anteproyecto de Lineamientos de Colaboración con la Seguridad y la Justicia, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones establezca las reglas que deberán seguir los operadores del sector a fin de cumplir con las solicitudes que hagan “las autoridades competentes” con base en los artículos 189 y 190 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para registrar y conservar llamadas telefónicas, correos electrónicos, internet y otras comunicaciones de voz y datos de los mexicanos. Recuérdese que varios comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) habían señalado que los preceptos legales establecidos en los artículos mencionados afectan los derechos humanos, la privacidad del individuo, el derecho a la protección de datos personales y son por tanto inconstitucionales. Hay que tener en cuenta incluso los riesgos de que se filtren los registros a sujetos indeseados que los utilicen ilícitamente. Por supuesto, el tema fue muy destacado también esta semana, en el foro de conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales.
Santiago Corcuera Cabezut, también ponente en las audiencias del Senado, destacó la necesidad de repensar la estrategia del combate al crimen organizado, y con mucha razón señaló al respecto que “militarizar la seguridad ciudadana es incivilizado, propio de regímenes autoritarios, aunque hayan sido electos por el régimen democrático por voto mayoritario” (ahora hasta resulta que la Secretaría de Marina resguardará policialmente los materiales electorales en los comicios del próximo 7 de junio). Repensar la estrategia contra la inseguridad y la delincuencia tomando en cuenta todos los elementos que entran en juego. Así, además de lo obvio que resulta abordar en serio cuestiones básicas como la reducción de la tremenda desigualdad económica y social y la atonía en el crecimiento de la economía mexicana. O la legalización de las drogas, pues es curioso que cuando en México se da un fuerte incremento del crimen, en Estados Unidos las tasas de asesinatos, robos y asaltos se han visto reducidas a la mitad en el periodo de principios de los 90´s a 2014 (artículo de Erick Eckholm en el New York Times, 13en15).
Otros factores de gran importancia han de ser considerados en una estrategia renovada contra el crimen, por ejemplo, mejorar las lamentables condiciones de operación y la sobrepoblación de muchas cárceles mexicanas, federales y estatales, reducir sensiblemente las penas para delitos menores, sin necesidad de que los infractores vayan a la cárcel.
no encarcelar junto a adultos en las cárceles a jóvenes convictos, exponiéndolos a serios abusos y a ejemplos y enseñanzas de crímenes mayores. Avanzar técnica y científicamente los procesos de investigación sobre crímenes y la vigilancia policiaca preventiva. Bien que se mejore la prevención y el tratamiento de adicciones. Por supuesto, fortalecer en los municipios todos los mecanismos de blindaje contra el crimen y la delincuencia: recursos financieros tecnológicos y equipamiento, acuerdos políticos de defensa. Abordar en serio un sistema nacional anticorrupción.
Debemos revertir la tendencia que denuncia la organización Human Rights Watch, de que “muchos gobiernos se olvidan de los derechos humanos cuando les toca hacer frente a amenazas de seguridad” (artículo en La Crónica, 29 en15).