A cinco meses de interpuesta la queja (el 8 de agosto pasado) la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) liberó una recomendación a las Dirección de Seguridad Pública del Estado y a la instancia municipal por la afectación de derechos humanos y constitucionales de tres integrantes del Frente Opositor a la Minera San Xavier, entre ellos el actual candidato a la gubernatura por Morena Partido Político, Sergio Serrano Soriano cuando se manifestaban a las afueras de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina.
El ombudsman consideró que existen elementos fundados para sancionar la actuación de las corporaciones policíacas y describirlas como una extralimitación de funciones de las que se derivan lesiones a los derechos humanos y al derecho a la libre manifestación, por lo que remitió a las instancias mencionadas la recomendación 2/2015.
La CEDH investigó, recabó, comprobó y analizó los hechos registrados a las 6 de la tarde del 8 de agosto, cuando procedió la detención arbitraria de los activistas ambientales en el marco de la inauguración de la Feria Nacional Potosina, a quienes en ningún momento se les informó sobre las causas fundadas en la ley para proceder de esta manera y, además, hacerles sujetos de una multa, presuntamente por su eventual alteración del orden público, desestimando las características de la manifestación pacífica y del derecho de los ciudadanos.
Ocurrió, asimismo que, tras obtener su libertad, retornaron por un vehículo que quedó en las inmediaciones del conjunto feerístico, al momento de transitar por el Periférico, fueron detenidos por segunda ocasión por elementos de la policía estatal, con el argumento de que habrían sido informados por sus superiores de un vehículo con características similares que estaría reportado como robado.
Frente a los hechos investigados profusamente por la CEDH, se emitió la recomendación a las instancias de seguridad pública estatal y municipal para que estas garanticen a la ciudadanía el derecho constitucional y humano a la libre manifestación, a la protesta social y garanticen la seguridad de los manifestantes.
La recomendación incluyó la revisión de las políticas y protocolos de actuación de las corporaciones policíacas, la capacitación de sus elementos para que estos actúen con sentido de oportunidad, gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza pública, evitando recurrir a la práctica de la detención arbitraria.
Asimismo se demandó la reparación de los daños ocasionados a las víctimas y fincar un procedimiento de carácter administrativo contra los agentes que incurrieron en extralimitación de funciones.