El legislador local obró de mala fe en el interés de anular en la práctica la nueva figura jurídico-electoral de las candidaturas ciudadanas, acusó el abogado José Alfredo Loredo Zárate ex precandidato a la gubernatura de San Luis Potosí.
La reforma por la que se inscribió, con una gran expectativa, la figura jurídico-electoral de las candidaturas ciudadanas, terminó en calidad de simulacro, de engaño, de letra muerta por su inaplicabilidad, sostuvo Loredo Zárate.
El abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) había advertido los efectos de las condiciones previstas por el legislador para el reconocimiento y registro de las aspiraciones de los ciudadanos para contender en los procesos electorales al margen de los partidos políticos.
Loredo Zárate alertó sobre la contravención de la ley reglamentaria por la que el legislador pretende obligar a los ciudadanos con interés de registrar su candidatura para cargos de elección popular a recabar datos personales entre el electorado, sin contar con las facultades y obligaciones de ley para garantizar la confidencialidad y la certidumbre de los mismos, al imponer como requisito la presentación de al menos el 2 por ciento del listado nominal estatal o distrital, según el cargo al que se aspire, de firmas de apoyo acompañadas por fotocopias simples de sendas credenciales de elector con fotografía, induciendo a la transgresión de la Ley de Protección de Datos Personales y de la seguridad y certidumbre jurídica de los ciudadanos que, de buena fe, determinen obsequiarle con su apoyo y su confianza.
José Alfredo Loredo no descuidó la inequidad económica e infraestructural en la contienda por el encargo público constitucional de gobernador, al indicar que no sólo se ha generado una condición inequitativa para la contienda con los candidatos de los partidos políticos, sino que, por errores de cálculo del legislador, esta situación se torna deficitaria al ofrecer el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana una prerrogativa económica de 323 mil 115 pesos, cuando el gasto real de la campaña requiere un mínimo (sólo para la persona del candidato) de 454 mil 310 pesos.
Esta cantidad prevé el sufragar los costos de personal de apoyo, papelería, publicidad, escritura constitutiva de la asociación civil, cuenta bancaria mínima y la gira por los 58 municipios; el déficit económico contra el tope autorizado por el CEEPAC, es de 131 mil 195 pesos; déficit que se dispara si se consideran gastos de alimentación, hospedaje, transporte, combustibles, entre otros, para no hacer mención de los recursos necesarios para desplegar la campaña en los diversos medios de comunicación.
Y es que el legislador obvió garantizar la equidad en los tiempos y espacios de ley de los partidos y candidatos en los procesos electorales; el hecho que en dichos medios los costos de la publicidad política dupliquen y tripliquen a veces los establecidos para la publicidad comercial, coloca a los candidatos al margen del derecho que les asiste a promoverse, observó Loredo Zárate.
Destacó que, a pesar de la expectativa generada, el mandato establecido en el artículo 39 constitucional se mantiene como “letra muerta” y, en la práctica se refuerza el monopolio de los partidos en los procesos electorales, por encima de los derechos y de los intereses de los ciudadanos.