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Desvíos en nóminas beneficiaron a dirigentes del SNTE: López Torres

By on 30 enero, 2015

 

En San Luis Potosí la nómina magisterial desapareció formalmente la primera quincena de este año, entre otras cosas por el desacuerdo, a nivel federal, en cuanto a la propuesta de que el denominado FONCASOL (anteriormente llamado Fondo de Capitalización), instituido en el año de 1996 (Contrato 1499 y fideicomiso 030080-B), asentó el profesor jubilado Carlos López Torres.
De acuerdo con el maestro la forma de capitalización que se dio a este fideicomiso rayó en la ilegalidad, toda vez que se procedía a desviar hasta una cuarta parte de los recursos (25 por ciento) que pertenecían al ISSSTE.
Esta situación se tradujo en la rebeldía de los trabajadores de la educación, como es el caso de Villa de Reyes, quienes echaron atrás este procedimiento cuestionando su legitimidad. Sin embargo, la victoria fue insuficiente, ya que de nueva cuenta, y a través de un sistema conocido como Ibarrola, se continuó el desvío, afectando el erario federal a través de la expedición de dos recibos: uno real, con un salario real y otro abultado.
Ante esta situación se demandó la intervención de una auditoría que determinó con precisión la irregularidad que los funcionarios de Hacienda y Crédito Público sostuvieron falsamente como legal, permitiendo que con el desvío se beneficiara al SNTE y a su mesa directiva nacional, así como al PRI y a la SEGE.
De ahí que las secciones 52 y 26 del SNTE y las organizaciones magisteriales afiliadas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hayan sacado a la vía pública su inconformidad y sus reclamos.
A sí lo vemos en el sector de Telesecundarias en donde, para cubrir los malos manejos de los directores de Pensiones, se ha procedido ilegalmente a descontar hasta el 10 por ciento de las pensiones de los maestros.
El gobierno estatal pretende ignorar esta situación y, al igual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que aduce que esto se debe a que el Sistema Ibarrola se mantiene operando en cinco estados del país: San Luis Potosí, Michoacán, Zacate-cas, Estado de México y Puebla.
Aquí en San Luis se cuenta con documentos que indican que el fondo de capitalización ascendió a 202 millones de pesos que, sin explicación no aparecen y que se pretenden reponer sustrayendo hasta el 10 por ciento de las percepciones de los trabajadores jubilados.

, además de que se les ha retenido alrededor de 100 millones de pesos por concepto de devoluciones del programa de vivienda. Queda claro que gran parte de estos recursos han estado siendo transfer idos, por debajo del agua, hacia los partidos políticos: PRI y PANAL, por lo menos en el actual contexto electoral y hacia la SEGE, algo que tendrá que esclarecer el ex secretario de educación y ahora candidato “de la unidad” del PRI al gobierno de San Luis Potosí, puntualizó Carlos López Torres.

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