La declinación a participar como candidato independiente a la gubernatura del Estado obedece al hecho de que, no obstante que debe considerarse como un avance democrático la apertura de los procesos a la candidatura independiente, las condiciones para su ejercicio la anulan en la práctica, al grado de hacerla imposible de concretar.
Así lo puntualizó el abogado José Alfredo Loredo Zárate, quien solicitó registro como precandidato ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; los requisitos para ser considerado como candidato terminaron por incorporar la obligación de presentar ante las instancias electorales a un mayúsculo y desproporcionado número de ciudadanos, correspondiente al 2 por ciento del padrón y hacerlo en un lapso reducido de 20 días hábiles.
Por si esto no fuera suficiente, se pretendió que los precandidatos a contender en el proceso electoral bajo la figura de candidatos independientes, procediera a recabar y resguardar datos personales de los ciudadanos mediante el mecanismo de foto copia de sus respectivas credenciales de elector con fotografía.
Esto supone riesgos, tanto para el aspirante a candidato ciudadano como para los electores que de buen a voluntad apoyan su registro como tal, ante la imposibilidad de que el aspirante pueda garantizar el resguardo de esos datos y, plantea, asimismo una acción que contraviene la ley, específicamente la Ley de Protección de Datos Personales.
Aún, en el terreno de las inequidades de la contienda, diseñadas ex profeso para el entorpecimiento de las candidaturas ciudadanas o independientes, el legislador incurrió en la obstrucción del derecho que asiste a los partidos políticos de nueva creación al impedirles la posibilidad de sustentar alianzas y coaliciones.
Todo ello al margen de la inequidad en las participaciones económicas, de lo que se desprende una maniobra para fortalecer un viejo régimen de partidos políticos manteniendo su monopolio sobre los procesos electorales, aseveró.
