Las obras del proyecto Dragon Mart Cancún en Quintana Roo se clausuraron de forma total ante el daño ambiental que ocasionaron y tras acreditar que no existía la autorización para el cambio de suelo forestal en el que se pretendían construir más de 700 viviendas y una veintena de naves comerciales, anunció la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Las multas y compensaciones que deberá pagar la empresa ascienden a casi 22 millones de pesos, y enfrentarán la consignación de los presuntos responsables al equivalente de hasta 10 años de prisión o el pago de hasta tres mil días de salario mínimo.
Luego de constatar el incumplimiento de las medidas correctivas que se había ordenado a la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún SA de CV, desde el año pasado, así como por la afectación ambiental ante la remoción de la vegetación natural, causada por la construcción, Profepa determinó aplicar la clausura total como medida de seguridad.
Concluyó que el predio denominado “El Tucán”, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se encuentra en terrenos forestales protegidos, de acuerdo con el Inventario Nacional Forestal.
En conferencia de prensa con Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno de la República, el titular de Profepa, Guillermo Haro Bélchez, detalló que entre las irregularidades detectadas están la falta de autorizaciones para el cambio de uso de suelo forestal, ya que el predio se ubicaba en un ecosistema costero con vegetación inscrita en la NOM 059 de protección ambiental.
Además de que incidía de manera negativa en la conservación de aves de la región hidrológica prioritaria del sureste, Corredor Cancún-Tulum y de la región marina prioritaria Punta Maroma–Nizuk.
“En suma, las actividades llevadas a cabo hasta ahora han deteriorado y dañado las condiciones del equilibrio ecológico del ecosistema forestal, afectando la biodiversidad de la zona”, enfatizó Haro Bélchez.
El vocero del gobierno de la República, Sánchez Hernández explicó que la Profepa “demostró ante el Poder Judicial que en esta construcción se han cometido diversas violaciones a las leyes y reglamentos de protección al medio ambiente”.
El pasado 8 de enero, un Tribunal Colegiado declaró infundado el amparo promovido por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún SA de CV, y el 21 de enero, un Juzgado de Distrito emitió el acuerdo para dar por concluido el juicio de amparo.
“Con esta resolución judicial, Real Estate Dragon Mart está obligada a cumplir con las medidas impuestas por las autoridades federales, lo que implica el pago de prácticamente 22 millones de pesos en multas y compensaciones”, señaló el vocero del gobierno de la República Sánchez Hernández.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el proyecto ocupa una superficie de 203.83 hectáreas en un terreno total de 561.37 hectáreas, donde se construirían 722 viviendas y 22 naves comerciales con un total de tres mil locales, por lo que requiere de las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal e impacto ambiental.
El 12 de agosto del año pasado, la Profepa impuso al proyecto Dragon Mart Cancún una multa en materia de impacto ambiental por más de 7 millones 233 mil pesos y ordenó someter a procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto, así como la restauración del sitio, para lo cual debía presentar un programa ecológico.
El 8 de septiembre aplicó una multa adicional en materia forestal por dos millones 758 mil pesos, así como una compensación ambiental por un monto de 9 millones 380 mil pesos, y de nuevo por la restauración de la zona, dos millones 508 mil pesos.
De igual manera, se instruyó a la empresa a tramitar y obtener la autorización de cambio de uso de suelo en una superficie de 203.93 hectáreas y la conservación total de 357.44 que no están afectadas y que pertenecen al predio, entre otras medidas de seguridad.
Para el 3 de octubre del mismo año, la Profepa presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente de la Procuraduría General de la República (PGR), por la destrucción de vegetación natural, cambio de uso de suelo, daño, desequedad y relleno de humedal, por lo que la dependencia continúa coadyuvando con el Ministerio Publico para aportar pruebas contra los presuntos responsables de los delitos contra la biodiversidad, previstos y sancionados en los artículos 418 y 420 bis del Código Penal Federal.