Los lamentables sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, en torno de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos deben desprender una dura lección a todos los institutos políticos, no sólo al PRD, a fin de aplicar los protocolos necesarios para evitar la promoción de personajes de dudosa calidad ética y moral, subrayó el Vicario General de la Arquidiócesis potosina, Benjamín Moreno.
Moreno Aguirre señaló que en el caso de los servidores públicos producto de una elección popular, se precisa una revisión profunda y responsable de los alcances de la inmunidad constitucional que les suministra precisamente su encargo público.
Reflexionó destacando que esta inmunidad no debe aplicar en aquellos casos en los que los servidores públicos incurra en un presupuesto de delitos tipificados por la ley, como es el caso de Iguala y Cocula, en el que se han generado delitos de alta gravedad: asesinato y desaparición forzada, entre otros que resulten de las investigaciones.
No descuidó el caso local en el que se involucró al ex presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo Cardona, por delitos de desvío de recursos del erario público y por su presunta relación con la delincuencia organizada, según acusaciones de la Fiscalía de la Procuraduría General de la República.
consideró antiético el que los servidores públicos que han incurrido en ilícitos en el ejercicio de sus funciones busquen refugiarse en el fuero constitucional, ya que este se reduce sólo a la responsabilidad en el servicio público y no opera en los casos de la comisión de delitos del fuero común ni del fuero federal.
Frente a esta situación, dijo, los partidos deben hacerse responsables por la elección e impulso de sus candidatos a cargos públicos, a fin de que luego los malos procedimientos selectivos no se traduzcan en dolores de cabeza para ellos mismos (los partidos) y para la ciudadanía, como se desprende del caso Iguala, para el país.
De estos hechos, dijo, debe tomarse la experiencia para modificar los procesos de selección de candidatos al interior de los partidos políticos –como lo hace ya, tras los mismos—, el PRD con sus protocolos de ética, mismos que habrían sido aplicados al presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo.
