Durante casi 200 años en los discursos oficiales se ha manejado con ardor la idea de pertenecer a un país democrático y para eso están ahí los artículos 39 y 35 de Nuestra Carta Magna.
Al fundar este país en el mes de noviembre de 1824 se fundó con el espíritu de integrar un país republicano y democrático.
Esta reflexión la hago a menos de cuatro meses del proceso electoral en el que elegiremos autoridades federales, estatales y municipales en el marco irrestricto de la democracia; pero en la práctica social esta es una figura legal que se desdibuja con el paso del tiempo y cada día la fuerza que originalmente tuvo, se nos escapa como agua entre las manos.
Y es que a pesar de la reforma hecha a la Constitución en 1957, en que la mujer y los jóvenes tenían derecho al voto, en ningún caso hemos llegado siquiera al 70 u 80% de votantes registrados que acudan a las urnas.
Los ciudadanos obtienen su credencial de elector para tener una identificación oficial, pero no por el deseo de participar con su voto en el proceso electoral.
En el proceso electoral federal de 2009 el abstencionismo llegó a su máxima expresión con una votación total que no superó el 55% de los registrados por ejemplo.
Pero el sistema de administración pública, el de impartición de justicia y el de elaboración de leyes o sea el legislativo, burocráticamente han ido haciendo a un lado la población, es decir, replegándola para que no participe en la toma de decisiones ni de impartición de justicia, ni de elaboración de leyes, ni de ejecución de programas.
Pero tampoco se ha establecido, y espero se haga, un sistema de consulta a la población para que participe democráticamente en la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno.
Stwuart Mill apuntaba: La autoridad se ejerce por una minoría de individuos «mentalmente superiores».
Esta teoría de S. Mill manifestada en la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra, hoy la vivimos en la práctica en México.
Hoy abiertamente muchos analistas ya le llaman “aristocracia política”.
Corremos el riesgo de convertirnos en un país con una forma de administración monárquica en donde los gobernadores se conviertan en virreyes y los presidentes municipales en oidores.
Estas son razones suficientes para convocar a todos aquellos que como yo piensen en que México si debe de ser una república democrática y que auténticamente el poder dimane del pueblo, no de un pequeño grupo de individuos supuestamente mentalmente superiores.
Es necesario que nos integremos en partidos políticamente fuertes para exigir desde nuestra posición de pueblo las reformas necesarias y así, quitarle la chequera al presidente municipal, al gobernador y al presidente de la república para que sea la propia población quien les pague sus sueldos y les asigne sus prestaciones; así mismo es el pueblo quien debe de definir si lo que requiere es una carretera para que los grandes industriales comercialicen sus productos o decide gastar ese dinero construyendo escuelas y albergues para niños en pobreza extrema.
En cuanto a la impartición de justicia, el pueblo tiene que saber que si aplica verdaderamente la ley y acabar de una vez por todas con la costumbre de que la cárcel se hizo para los pobres.
El pueblo debe de establecer leyes que prohíban tajantemente que los diputados propongan leyes que de alguna manera los beneficie a ellos, a sus allegados o a sus familiares directa o indirectamente. Porque eso es el génesis de la corrupción.
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