Una desigualdad abismal

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer recientemente los resultados preliminares de los Censos Económicos 2014.
Estos censos forman parte de una de las series de mayor trayectoria histórica en las estadísticas nacionales, pues su primer levantamiento se llevó a cabo en 1930.
Desde entonces, los Censos Económicos le han permitido al país contar con información sobre la estructura de las unidades económicas que funcionan en el país; es decir, sobre cuántas empresas, negocios comerciales o iniciativas productivas inician, cierran o se consolidan a lo largo del tiempo.
Los datos que arrojan estos censos son de suma preocupación.
En primer lugar, muestran los desastrosos resultados que tenemos al haber abandonado, desde la década de los años ochenta, cualquier viso de política industrial; se asumió que lo mejor era dejar al mercado la tarea de fomentar y dinamizar al mercado interno, teniendo como telón de fondo la disciplina fiscal del Estado.
Bajo esos y otros supuestos se sostenía que “la mejor política industrial era la no existencia de una política industrial. A lo largo de los años, los resultados muestran que se trataba de una tesis no sólo falaz, sino de funestas consecuencias para el país: baja competitividad; reducidos niveles de inversión productiva; rezago en todos los ámbitos de la innovación, y, sobre todo, la pulverización del mercado interno con la consecuencia de la polarización y la desigualdad social.
Sobre la nueva información que nos proporciona el INEGI, lo primero que debe destacarse es que seguimos siendo una economía mayoritariamente de pequeños negocios: 95% de las unidades económicas contabilizadas y presentadas en los resultados preliminares de los Censos Económicos 2014 tiene entre 0 y 10 empleados.
Si algo destaca en estos negocios es la muy baja utilización de herramientas, como la computadora e internet para el desarrollo de sus actividades primarias.
En ese sentido, los censos nos dicen que alrededor del 84% de los micronegocios no utiliza internet como herramienta.
Al respecto, puede inferirse que, incluso por sectores, el uso de internet estaría limitado a establecimientos del sector servicios, por ejemplo, cafés y pequeños restaurantes, donde forma parte de la oferta y el valor agregado que se le da a los clientes.
Destaca también que los micronegocios no forman cadenas de valor; se encuentran fragmentados y cuentan con muy pocas capacidades financieras y de acceso a oportunidades de crédito o apoyos gubernamentales para su consolidación y crecimiento.
Desde esta perspectiva, es urgente revisar las políticas que se han diseñado en los últimos años, y que en las dos pasadas administraciones no pasaron de la lógica de la “changarrización”, antes que ubicarse en lo prioritario: consolidar a la planta productiva de la gente que todos los días se levanta a trabajar duro y a tratar de mantener vivos a sus pequeños negocios.
Asimismo, si algo permiten confirmar estos censos es la infinita desigualdad que existe en el país, pues, de acuerdo con el INEGI, en el país hay apenas 1,275 empresas con más de mil personas empleadas.
Éstas representan al 0.03% del total de las unidades económicas que hay en el país.
De manera ofensiva, esas empresas concentran prácticamente el 33% del total de los ingresos generados en el país, frente a un 14% que obtiene el 95% de los pequeños micronegocios.
Es decir, en los ingresos totales, las mega-empresas perciben en el agregado 2.5 veces más dinero que todos los microempresarios que hay en el territorio nacional.
Lo anterior es el resultado de un modelo de desarrollo económico que está diseñado para la concentración del ingreso, lo cual es reflejo también de la renuncia del Estado a regular a un mercado voraz que deja en la indefensión a los más vulnerables, los cuales, pensado en términos de lo que implica el mercado nacional, no son otros sino quienes son propietarios de las Pymes.