Modificación a decreto fortalecería a Consejo Ciudadano de Transparencia

Ante las limitantes que enfrentan para incentivar la rendición de cuentas y acotar los actos de corrupción, el Consejo Ciudadano de Transparencia aprobó la modificación al decreto que le da vida para fortalecer sus facultades y reglamentación, informó el presidente del organismo, Julio César Galindo Pérez.
Dijo que el documento que se aprobó en la sesión de ayer será entregado para su evaluación la primera semana de febrero al gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, con el fin de que se publique en el Periódico Oficial.
“Principalmente que tenga todas las facultades en tiempos y formas para ejercer mejor su función. La gran finalidad de este Consejo es que realmente incida en ir acabando con esa falta de cultura de transparencia e ir erradicando la corrupción, porque como presidente de este Consejo estoy convencido que las cosas se pueden hacer de una manera correcta”, indicó.
Agregó que con estas modificaciones al decreto buscan darle al Consejo Ciudadano de Transparencia todas esas facultades de tiempos y de reglamentación que necesita para incidir tanto preventivamente y también para señalar todo acto de corrupción, malversación o mala ejecución de los recursos públicos.
Y es que para Galindo Pérez, la prevención debe ser la piedra angular del Consejo, aunque las actuales reglas con las que opera lo limitan a sancionar, pero sí lo faculta a dar vista a órganos fiscali-zadores como la Auditoría Superior del Estado.
Sostuvo que las dependencias que más observaciones generaron por parte del consejo durante el año pasado, fueron el DIF estatal, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y la Comisión Estatal del Agua.
Adelantó que para este año vigilarán de cerca a entidades públicas como la Secretaría de Salud y todas aquellas que operan con presupuestos importantes para obras y programas, con la finalidad de que no se desvíen a las campañas electorales donde se renovará el Ejecutivo estatal, el Congreso local y los 58 ayuntamientos.