Padres de familia de los 42 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, prendieron fuego a una patrulla de trasladados de la Policía Estatal, sobre la calle 5 de mayo, donde están los juzgados federales 1 y 9.
Los inconformes reclamaron que a María de los Ángeles Pineda, esposa del ex edil de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, no le fueran imputados los delitos de desaparición forzada y homicidio.
Al lugar acudieron elementos de la Fuerza Estatal con equipo antimotín, bomberos y miembros de Protección Civil.
Sobre la vía se quedaron al menos 150 policías antimoti-nes.
Autoridades muestran debilidad
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que si las autoridades son omisas y dejan pasar los hechos de vandalismo y de violenciaque se registran en el país, en lugar de resolverlos, entonces se percibirá la «debilidad» de éstas y podría aumentar la intensidad de la violencia en el país.
«Hasta cuándo van a permitirse estos abusos y la impunidad», dijo el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani en su mensaje semanal.
A pesar de que las expresiones de violencia y provocación a las instituciones del Estado y a la sociedad aumentan en intensidad, el gobierno no frena esta situación, de manera que los casos quedan impunes y no hay resarcimiento del daño.
Pareciera que «rara vez son contenidos» por la autoridad esos hechos de violencia, en lugar de que sea la que proteja los derechos de los ciudadanos, la propiedad y garantizar la integridad física de la población.
«Lo mismo se toman autopistas y casetas de cuota, sin que nadie lo impide, que unidades de transporte de pasajeros, carga y distribución comercial, que en muchos de los casos son incendiados o estropeados. Se han destruido instalaciones privadas y públicas: oficinas, postes de luz, semáforos, etc.», dijo Gutiérrez Candiani.
Aseveró que aún y cuando hay causas justas que inspiran legítima indignación como la desaparición de los normalistas, el clima de inseguridad, injusticia y desgobierno que se vive en algunas zonas del país, no es justificación para cometer delitos, ni actos de vandalismo, porque ello persigue otros fines, por ejemplo propósitos políticos que se alejan de las demandas de justicia de las víctimas de crímenes o violaciones a derechos humanos.
Esos grupos que pretenden desestabilizar incluso ya manifestaron su intención de sabotear los procesos electorales e irrumpieron en las instalaciones de las fuerzas armadas, señaló.
«Hasta cuándo van a permitirse estos abusos y la impunidad.
La exigencia de los empresarios y de la gran mayoría de los millones de mexicanos, es muy clara y contundente: que se garantice la seguridad y los derechos de los ciudadanos, y que se aplique la ley, sin distingos, sin discrecionalidad y pretextos».
