La periodista Sanjuana Martínez acusó a las autoridades estatales y eclesiásticas de San Luis Potosí de haber dado carpetazo a la denuncia contra el ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien es “acusado por casos de pederastia en perjuicio de cientos de menores de edad que quedaron indefensos en la protección de sus derechos.”
Martínez ofreció la conferencia “Ser Periodista en México es una profesión de Alto Riesgo” en la sede del Congreso del Estado en esta Capital potosina. En ella, destacó la falta de voluntad del gobierno de la república por frenar o castigar la muerte de 120 periodistas, secuestros y desapariciones. “El 65 por ciento de los ataques provienen del Estado y el resto del crimen organizado”, afirmó.
Luego, en entrevista, se refirió al caso del ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista y señaló que “fue evidente que ante el primer caso denunciado en San Luis Potosí sobre la violación de menores de edad, la arquidiócesis potosina decidió privilegiar una gran complicidad con el Estado para proteger al depredador sexual.”
Muestra de ello, dijo, es que a la fecha no se ha logrado su detención, dejando en una total indefensión a las víctimas y dejado de lado la política del Papa Francisco, en el sentido de generar cero tolerancia a los clérigos pederastas.
Ante periodistas de las cuatro zonas del Estado, Sanjuana Martínez consideró necesario que México tenga un periodismo crítico e independiente, que dé a conocer de una manera objetiva los acontecimientos que suceden, porque así se fortalecerá la democracia en nuestro país.
A iniciativa de la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado, que preside el diputado Eugenio Guadalupe Govea Arcos, esta periodista habló de los riesgos que implica en nuestro país ejercer esta profesión, sobre todo ante los acontecimientos que actualmente se presentan.
Dijo que los periodistas en el país viven una situación difícil, en términos generales, porque son amenazados en el ejercicio de su actividad, y la presentación de denuncias es complicada a pesar de la Fiscalía Especializada, porque la respuesta de ésta es tardía para resolver las solicitudes de protección.
