El día de ayer, varios diarios de circulación nacional publicaron la foto de Miguel Angel Mancera al lado del secretario de la OEA, José Miguel Insulza. Firmaron uno de esos inútiles acuerdos que nunca se llevan a la práctica. En este caso, un convenio de cooperación mutua para combatir la corrupción. La foto carece de sentido si la ponemos en contexto frente a una figura legal que aunque está prevista por la ley es el resultado de un acto autoritario para impulsar medidas abusivas que no cuentan con el consenso ciudadano: el decreto. Son las paradojas del poder: mientras en Haití por falta de acuerdo entre las cúpulas partidistas no existe parlamento y su presidente se niega a gobernar por decreto, en la ciudad de México nuestro Jefe de Gobierno se da vuelo ante un congreso local deprimente y sumiso.
Expuesto el contexto quisiera retomar y comentar el análisis que los ciudadanos de Suma Urbana están circulando en redes sociales a propósito de las modificaciones al reglamento de construcción del DF publicado el 12 de enero. Un auténtico decretazo de Mancera que aparentaría “ser un listado de medidas para proteger al sector de la construcción de los abusos y extorsiones de las delegaciones”, pero que en realidad introduce “reformas para ‘legalizar’ las violaciones a los usos de suelo. Practica repetida de diversas formas por el GDF durante la última década”.
Por tratarse de un decreto, Mancera será el único responsable de los abusos que al amparo de estas reformas se comentan en materia de construcción. Suma Urbana comenta algunos:
“Ya no será causa de suspensión inmediata de una obra que no cumpla con algunas normas de seguridad. El responsable sólo se hará acreedor a una multa y será emplazado a que en un plazo perentorio subsane las irregularidades”.
“Se imponen multas por no dar aviso de terminación o por revocación de las licencias de demolición y manifestaciones de construcción”. Es decir, se “flexibilizan” las causales de clausura como lo anunció Mancera hace unos días.
“Lo grave es la derogación de las fracciones IV y VI del artículo 250 del reglamento. Que a la letra señala:
ARTÍCULO 250. Independientemente de la imposición de las sanciones pecuniarias a que haya lugar, la autoridad competente procederá a la clausura de las obras o instalaciones terminadas cuando:
“IV. Se use una construcción o parte de ella para un uso diferente del autorizado.
O cuando:
VI. Las condiciones originales en las que se otorgó el Visto Bueno de Seguridad y Operación hubieren variado y no se presente su renovación conforme al artículo 68”.
Con el decretazo “prácticamente se anula el objetivo central de los Programas de Desarrollo Urbano que es la ordenación del suelo de acuerdo a las posibilidades de la zona”. Esto le dará todavía más colmillos a los especuladores inmobiliarios y provocará más irregularidades.
Por ejemplo, en una casa antigua de uso habitacional de pronto se pueden hacer modificaciones para habilitarla como antro, aunque ésta no cuente con las medidas estructurales.
Dicho en otras palabras: no es lo mismo albergar a una familia de seis u ocho integrantes que a cien personas bailando todos los días en un segundo piso. En este plano de ambigüedad también podríamos mencionar a las salidas de emergencia y los servicios de agua, luz y drenaje que demanda el “nuevo” establecimiento y de los que está provista la zona.
Es posible que el decretazo desate una fiebre de transformaciones sin considerar tampoco los usos de suelo de las diferentes colonias que componen a la ciudad de México. Parafraseando a Villa: “Primero modifico y después me arreglo”.
En Suma Urbana aparece una lista de lugares que requieren el “Visto Bueno de Seguridad y Operación” y que con el decretazo pueden quedar sin protección para sus usuarios: Escuelas, cines, establecimientos mercantiles, instalaciones recreativas, etcétera”.
Concluye el análisis que “la derogación de estos dos rubros, que en realidad tiene por objeto liberar los usos de suelo, puede causar tragedias como las que se presentaron en los sismos de septiembre de 1985”. ¡Gulp!
