Un nuevo enfoque de política ejecutiva

En su mensaje de año nuevo, el 4 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto trató de disipar las preocupaciones de la ciudadanía por los infortunios que agobiaron a nuestro país en todo el año 2014, y al respecto expresó: “Terminó 2014, un año de contrastes; tanto lo bueno como lo malo nos dejaron una lección: México NO puede seguir igual. El país debe seguir cambiando para bien. Por eso, 2015 demanda lo mejor de todos nosotros… es momento de renovar el ánimo; de recobrar la confianza y la esperanza… la mayor prioridad de mi gobierno en 2015, que a las familias mexicanas les vaya bien”. Loables objetivos; sin embargo, el serio problema es que lo planteado por el Presidente al respecto no se aparta del muy tibio enfoque de política ejecutiva que ha venido aplicando, y que se ejemplifica muy bien en sus “7 Acciones en favor de la Economía Familiar”: baja en las tarifas de luz, toda llamada nacional por teléfono será cobrada como local, donaciones de televisiones digitales…
Sí, las familias recibirán con gusto estos apoyos, pero los mismos son raquíticos en proporción a las graves dificultades que enfrentan los mexicanos, y el país como un todo, que tienen que ver principalmente con:
La agudización de la desigualdad económica y social, el rampante desempleo y deterioro laboral de la fuerza de trabajo mexicana. Los expertos se preguntan cuáles acciones ejecutivas (aparte del milagro que se espera de las “reformas estructurales”) se van a tomar ya contra el estancamiento económico o el desplome del precio de la mezcla mexicana de exportación de petróleo, que afecta terriblemente las finanzas y los programas públicos de gasto e inversión, o que obligan a un fuerte incremento de la deuda pública. Igualmente, ante los deprimentes datos del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 del Coneval, ¿con qué medidas de carácter nacional se va a combatir la persistente pobreza de amplios sectores de la población mexicana? Por falta de una coherente política industrial hemos caído en la distorsión productiva; nos convertimos en país maquilador e importamos del exterior muchísimos productos que podrían cultivarse o fabricarse en México; hasta petróleo crudo compraremos a Estados Unidos. Por cierto, ¿dónde han sido o van a ser comprados los 10 millones de televisores digitales que se repartirán?
La inseguridad y el dominio que el crimen organizado ha logrado adquirir en ocupaciones y regiones. Se insiste en la centralización policíaca en los estados, en detrimento de las esenciales funciones al respecto que deben jugar los municipios. Para dar inicio a una nueva política de seguridad que obtuviera resultados tangibles en el corto plazo, hubiera sido muy pertinente que en la rápida discusión de esta semana en Washington entre los presidentes de México y Estados Unidos, y con base en el ofrecimiento de Obama de “apoyar la lucha contra la violencia y el narco”, Peña Nieto le hubiera planteado a Obama la absoluta necesidad de iniciar los esfuerzos bilaterales para legalizar las drogas, como un primer paso para quitar al crimen organizado los inmensos recursos financieros que impulsan sus actividades delictivas.
No se alcanza todavía, aunque se haya logrado la apertura democrática, a renovar la cultura de la acción política para que sea más afín a las necesidades de los ciudadanos; al contrario, muchos políticos y funcionarios públicos llevan a cabo oprobiosas formas de ejercer sus funciones, disfrazando sus escasos logros con multimillonarios presupuestos de propaganda oficial o cayendo frecuentemente en abiertos y escandalosos casos de corrupción… que, desafortunadamente, en la mayoría de casos quedan en la impunidad.
A escala nacional el deterioro del territorio y del medio ambiente que las políticas públicas fomentan resulta ya alarmante. La minería es un ejemplo vivo, y la reforma energética ofrece un sinnúmero de megaproyectos potencialmente dañinos a la ecología, cuyos similares han sido rechazados en otros países: petróleo y gas shale o de lutitas, la construcción de un gran número de gasoductos, explotación de aguas profundas. Continuos derrames de crudo en oleoductos o refinerías no se previenen o atienden como se debiera. Se multiplican las protestas de comunidades y expertos contra esos megaproyectos y contra las autopistas, trenes rápidos, aeropuerto de la ciudad, ampliaciones de puertos y otros del Programa Nacional de Infraestructura, que desaforadamente están ya penetrando por todos los medios posibles, legales y no tanto, en tierras y aguas en muchas partes del país.
Paralelamente, se ha producido un lamentable descuido de los mejores valores humanos. Un solo ejemplo entre cientos: México se encuentra entre los países con mayor prevalencia de embarazo en adolescentes, informa la Secretaría de Educación Pública, pero son ya escandalosas las numerosas escenas de erotismo cuasi pornográfico incluidas en las telenovelas de Televisa, en horarios donde quedan expuestos y tentados a verlas millones de niños y adolescentes. ¿Dónde queda la responsabilidad social de esa empresa?
Por supuesto, sería irracional inventar de nuevo la institucionalidad mexicana que tanto esfuerzo y tiempo nos ha llevado ir construyendo; las fallas están principalmente en su operación, en la falta de respeto al estado de derecho que esa institucionalidad ha establecido. Por ello sería muy desatinado que el Congreso diera su visto bueno a iniciativas absurdas como los de una nueva Constitución de la república o una Constitución de la ciudad de México.
Lo que se impone es un urgente cambio de enfoque del modelo político actual, que fundamentalmente cuide ahora y proteja para el futuro las principales riquezas del país: sus habitantes y su territorio, en lugar de ofrecérselas al mundo.