Para el diputado perredista Francisco Martínez Ibarra la actuación de la Procuraduría General de la República en contra del presidente municipal con licencia José Ricardo Gallardo Cardona, asume todas las características de lo que describió como un exceso de poder.
El legislador recordó que la propia institución de procuración de justicia emitió documentación oficial en la que dejó en claro que no había ningún procedimiento de investigación abierto en su contra, cuando ahora resulta que, aparentemente, se le investigó desde 2012.
Mostró su extrañeza por el proceder, toda vez que la dependencia “esperó” el momento en que este solicitó y obtuvo licencia para separarse de su cargo, a fin de contender en el proceso electoral de 2015 como candidato del PRD al gobierno de San Luis Potosí.
Y, además de esto, se procedió luego de que de manera sostenida se ha mantenido a la cabeza según las distintas encuestas realizadas de la preferencia electoral respecto de los prospectos de otros partidos políticos y en especial del PRI y del PAN.
Asimismo, dijo, no hay claridad en la situación jurídica que guarda el proceso, por lo que espera que esta se ponga en conocimiento del presunto implicado, de su defensa, y se ajuste a derecho.
Aseguró que ha sido su partido el primero en reclamar de sus candidatos y de sus funcionarios el apego irrestricto a normas éticas, a los principios de transparencia y justicia social, algo a lo que han rehuido el resto de los institutos políticos.
Deslizó que resulta altamente probable que las acusaciones formuladas contra Gallardo y las actuaciones de la PGR tengan motivaciones ocultas, pues es extraño que al mantenerse a la cabeza de la preferencia ciudadana se aseste este golpe precisamente cuando ha solicitado una licencia para registrar sus aspiraciones político-electorales.
Martínez Ibarra manifestó que es conveniente que las autoridades de procuración de justicia den claridad a sus actuaciones y las fundamenten. Eso, dijo, es lo que el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, ha solicitado a la Procuraduría y a la SEIDO.
El Comité Ejecutivo Estatal del PRD se mantuvo ayer sin definir su postura al respecto.
