Encarcelan a Gallardo en Hermosillo

José Ricardo Gallardo Cardona, presidente municipal con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, fue internado por la PGR en el penal federal de Hermosillo, Sonora, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y a quien se le detectaron más de 200 millones de pesos.
Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó que la Subprocu-raduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada comenzó a indagar a Gallardo Cardona, luego de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Según explicó, de octubre de 2012 a agosto de 2014 se detectaron transferencias ilegales desde las cuentas del municipio por un monto de más de 200 millones de pesos; y explicó que dicha unidad detectó operaciones con montos inusuales en transferencias bancarias y dinero en efectivo, cuyo origen es ilícito. Dichos montos eran triangulados a distintas cuentas para esconder su origen y destino. Aún con eso, la PGR identificó que desde las cuentas del municipio eran realizados pagos por el concepto de servicios médicos hacia las cuentas de la Clínica de Especialidades Wong S.A. de C.V., desde donde se transferían los recursos hacia cuentas de personas morales en las que el alcalde tenía participación accionaria mayoritaria.
Entre otras personas implicadas se mencionan a familiares y personas cercanas Gallardo Cardona, principalmente en Inversión Creativa de Desarrollos Inmobiliarios; Gallardo Continental; Tanga-manga Continental, entre otras. Esas empresas abarcan desde distribución de carne hasta el sector inmobiliario, pasando por el rubro automotriz, de autotrans-porte, de servicios y de eventos sociales, así como una gasolinera.
Las cuentas de dichas empresas fueron aseguradas por las autoridades financieras a petición de la PGR. De igual manera, se detectó que Gallardo Cardona es accionista en empresas ubicadas en Estados Unidos, las cuales están siendo investigadas para determinar si eran receptoras de dinero público.