Al referirse al caso Ricardo Gallardo, en Soledad de Graciano Sánchez, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, encabezado por Carlos Navarrete Ruiz, advirtió que los acontecimientos de las últimas horas se desprenden de la aplicación del protocolo que al respecto de la conducta ética deben sujetarse sus militantes y funcionarios.
En referencia al alcalde soledense con licencia del Cabildo para, eventualmente aspirar a contender por la candidatura de gobernador, el documento publicado por el PRD insiste en que éste ha sido señalado como responsable de presuntas irregularidades en el desempeño de la función municipal.
Por esta razón, se requirió de éste una comparecencia inmediata ante las autoridades competentes “a declarar todo lo que sea necesario y requiera para esclarecer su actuación”, se asienta en el comunicado.
El documento abunda en una solicitud a las “autoridades competentes” para que “atiendan las remisiones de información que haga la dirección del partido y se realicen las investigaciones de manera profesional, rápida, efectiva y apegada a derecho, sin tintes políticos, que determine con precisión la realidad de los hechos y proceda en consecuencia, sin contemplaciones pero con estricto apego a derecho”.
Advierte que este protocolo ético “se utilizará en adelante, para someter a escrutinio público el proceso de selección de todos nuestros candidatos y recibir cualquier información que ponga en duda la conducta ética del aspirante: de igual forma contempla procedimientos expeditos para remitir la información a todas las autoridades competentes incluyendo a la Comisión de Fiscalización del INE y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHyCP, para el desahogo de las investigaciones correspondientes en aquellos casos en los que existan dudas sobre sus trayectorias. Con estas medidas el PRD adopta acciones efectivas para enfrentar la corrupción y terminar cualquier vestigio de impunidad”.
Asimismo deja en claro que dicho protocolo aplicará para todos los integrantes del PRD.
Ayer, sin embargo, la PGR –y por tratarse de una investigación abierta—, no había proporcionado mayor información; tampoco la representación legal del presidente municipal con licencia proporcionó mayores datos a este respecto.
